En las semanas recientes hemos observado una serie de protestas ciudadanas en contra del despojo que han sufrido diversas familias en la Ciudad de México.
Perder una vivienda no siempre requiere de un desastre natural ni de una crisis financiera personal, ahora, para ello basta con que una estructura, perfectamente aceitada, ponga la mira en su inmueble. Lo que por años se ha calificado de “disputas entre particulares” es, en realidad, una de las industrias delictivas más sofisticadas y lucrativas de la capital, formando una mafia del despojo inmobiliario. Este fenómeno no opera con violencia, sino a plena luz del día en su etapa inicial; opera con sellos oficiales, firmas falsificadas y la complicidad coordinada de un engranaje burocrático y judicial.
El proceso sigue una metodología bien organizada en la que participan diversos actores clave: Por un lado, tenemos a los despachos “fachada” con abogados a los que se les llama vulgarmente “coyotes”; éstos ubican inmuebles vulnerables, propiedades de adultos mayores, casas en litigio sucesorio o predios desocupados e inician la ingeniería del fraude mediante la falsificación de contratos de compraventa o arrendamientos antiguos.
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Para otorgarles una aparente autenticidad y legalidad utilizan, normalmente, a notarios foráneos, a los cuales los gobernadores en turno les otorgó una patente de notario; sin embargo, son el eslabón estratégico. Para ello, realizan escrituras, cuyos otorgantes son falsos, mediante la suplantación de la persona dueña del inmueble, muchas de esas notarías tienen oficinas en la capital, violando la prohibición de la Ley del Notariado de la CDMX, cuya actuación es un delito penal, incluso, algunas de ellas se anuncian públicamente y se conocen sus oficinas, sin que hasta ahora la Fiscalía se haya enfocado en ello. Al tener los documentos un sello notarial, aunque sea de un notario foráneo, el montaje adquiere apariencia de documento auténtico.
Otros de los operadores del fraude inmobiliario son los ministerios públicos y jueces complacientes, quienes, mediante juicios simulados, donde jamás se notifica al verdadero dueño, mediante los llamados “emplazamientos fantasma”, se dictan sentencias exprés de remate o desalojo. El dueño legítimo se entera de que perdió su casa el día en que tocan a su puerta para sacarlo. Desde luego que para cerrar la pinza se requiere de funcionarios del Registro Público de la Propiedad para su pronta inscripción en dicho registro, pasando por alto cualquier observación a la escritura “foránea” que regularmente no presenta el pago correspondiente del impuesto de adquisición de bienes, y otros requisitos necesarios para su inscripción.
Finalmente, una vez inscrita la escritura se les pide a las fuerzas policiales las ejecuciones de desalojo, son utilizadas como brazo ejecutor en operativos de lanzamiento, donde la fuerza pública valida el despojo con el respaldo de una orden judicial viciada de origen.
Todo este proceso, que normalmente puede tardar años, en los despojos sólo se requiere de unos cuantos meses, lo cual confirma que para ello opera una organización profesional, porque una vez tomada la posesión, realizan una venta relámpago, para que una tercera persona, de forma real o ficticia, compre la propiedad y de esta forma sea más difícil su recuperación, bajo el principio jurídico del “comprador de buena fe”.
Combatir este delito requiere de intervenciones estructurales: digitalización y trazabilidad con tecnología de cadena de custodia en el Registro Público, auditorías e investigación patrimonial a las notarías foráneas recurridas, sanciones penales severas a jueces coludidos, y la creación de un protocolo de verificación previa e inmediata para cualquier orden de desalojo en la CDMX.
¿Para qué?
