Igual que ocurriera con Ovidio y Joaquín Guzmán López en julio y diciembre de 2025, el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos el 11 de mayo pasado, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BFP), como fueron los casos de aquéllos, tras haber sido trasladado a otro penal, o bajo arraigo y vigilancia, luego de permanecer recluido en el Centro Metropolitano de Detención, en Brooklyn.
Es uno de los 10 exfuncionarios del gobierno de Sinaloa de Rubén Rocha acusados de presuntos vínculos y protección al Cártel de Los Chapitos, los otros hijos de El Chapo Guzmán. Mientras que, el otro implicado, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del que se asegurara haberse entregado también a las autoridades estadounidenses, se ignora su paradero, ya que no ha comparecido ante alguna audiencia en la Corte en Nueva York, ni fue registrado como detenido en el BFP.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
• Cambio de juego en el TEPJF
La presidenta panista de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, rindió un informe de su labor que concluirá el último día de este mes con el reconocimiento de los coordinadores de las bancadas de los partidos políticos, incluido el de Morena, Ricardo Monreal, quien destacó que ella siempre procuró que el debate parlamentario se mantuviera dentro de los cauces institucionales, en un acto que congregó a legisladores y dirigentes partidistas.
La combativa legisladora blanquiazul aseguró haberse conducido sin filias ni fobias y envió un mensaje con destinatarios al señalar que “el Estado de derecho no consiste solamente en exigir a los ciudadanos que cumplan la ley, comienza cuando la autoridad acepta que también está obligada por esa norma, que sus facultades tienen fronteras y que el poder no se vuelve justo por el simple hecho de llamarse popular”.
Al discutir sobre el concepto “modo honesto de vivir”, que la Constitución requiere para ser considerado como ciudadano mexicano para acceder a un puesto público, en este caso de Baja California Sur, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, señaló que “existe decadencia en el servicio público de México por falta de parámetros legales y principios éticos”, para que sus colegas Lenia Batres y Sara Herrerías le respondieran.
Coincidieron en que no es un exceso exigir el modo honesto de vivir para acceder a cargos públicos y que, en todo caso, la Corte debería aclarar esa frase para evitar interpretaciones anacrónicas o discriminatorias, en otro diferendo público de la llamada “ministra del pueblo”.
Con más pena que gloria, Mónica Soto renuncia a presidir el Tribunal Federal Electoral, que perdió credibilidad y respeto partidista y ciudadano.
Los laberintos del oficialismo
