Una disputa legal amenaza con abrir las entrañas de uno de los grupos empresariales más importantes del país y llevar a la zozobra a miles de empleados de por lo menos 113 empresas nacionales de gran calado en los sectores automotriz, financiero, inmobiliario, turístico, hotelero y de entretenimiento.
Nos aseguran que en el sector empresarial el asunto ya se ha convertido en un escándalo que podría terminar colocando bajo la lupa del Poder Judicial una estructura patrimonial construida durante décadas alrededor de Grupo Autofin, propiedad del empresario Juan Antonio Hernández Venegas.
Una joven de nombre Marisol Hernández Mejía inició un juicio de pensión alimenticia contra el patriarca de Grupo Autofin —que ha sido registrado y hecho público a través del Boletín Judicial 208 del Poder Judicial de la Ciudad de México, el 30 de noviembre de 2023—, en el que sostiene que es su hija y le demanda una pensión alimenticia.
• Que se van a tribunales
Personas enteradas del caso me comentan que el poderoso empresario —quien a partir de un modelo de negocio que permitió a personas sin capacidad crediticia acceder al financiamiento automotriz fundó empresas millonarias— enfrenta ahora una batalla en tribunales en la que uno de los puntos centrales es determinar su capacidad económica para cubrir una pensión alimenticia.
El litigio promovido por Marisol está documentado desde 2022 en el Poder Judicial capitalino. El asunto dejó de ser simplemente familiar cuando comenzaron a aparecer las cifras sobre el patrimonio y los ingresos anuales que ha tenido Hernández Venegas, presentadas por la parte actora.
Si bien el empresario habría afirmado tener ingresos mensuales cercanos a los 12 mil pesos, la contraparte le atribuye ingresos, sólo durante 2022, por 281 millones de pesos.
¿Cómo puede existir semejante diferencia entre ambas cifras? Es pregunta.
Apenas en abril pasado, mi compañero Mauricio Flores, columnista de La Razón, publicó que Hernández Venegas habría donado, sin costo y sin reservas, la totalidad de 113 empresas de su grupo a sus dos hijos desde finales de mayo de 2021. Un año antes, en 2020, Grupo Autofin era descrito como un conglomerado integrado por alrededor de 133 empresas.
Es decir, en una sola reorganización habría cambiado de manos buena parte de la estructura empresarial que Hernández Venegas construyó desde 1978 y que lo encumbró en el sector empresarial nacional. Pero no las transfirió para retirarse. Al contrario: continuó trabajando para fortalecerlas.
Después de aquellas transferencias siguió apareciendo públicamente en anuncios de inversión, proyectos turísticos, reuniones con autoridades y actividades relacionadas con Grupo Autofin y Mundo Imperial. En 2024, incluso, fue presentado en Palacio Nacional como presidente del Consejo de ambos grupos.
Entonces, ¿dejó de tener empresas o simplemente dejaron de aparecer formalmente a su nombre?
Por supuesto que nada de esto significa, ni mucho menos queremos sugerir en este espacio, que exista una irregularidad en la transferencia de las sociedades o que el empresario haya ocultado patrimonio, no, para nada. No hay elementos para sostenerlo.
Lo que sí está frente a nosotros es un pleito por reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia que puede escalar hasta convertirse en una batalla legal de dimensiones insospechadas, con repercusiones en uno de los conglomerados empresariales más importantes del país y en el futuro de miles de empleados.
La demanda contra Hernández Venegas es pública. También lo es su actividad empresarial. Durante décadas ha sido protagonista del mundo de los negocios y ha mantenido interlocución con gobiernos, autoridades y actores relevantes de la vida pública nacional. Por eso este expediente trasciende inevitablemente el ámbito familiar.
Detrás de las sociedades, las transferencias, los consejos de administración y las cifras que ahora forman parte de la disputa existen empresas en operación y miles de fuentes de empleo.
Marisol Hernández Mejía, de unos 33 años, está lista para dar la batalla. Juan Antonio Hernández Venegas tendrá la oportunidad de responder y defender su reputación.
En medio quedan dos cifras difíciles de conciliar: 12 mil pesos mensuales frente a 281 millones de pesos en un año. Será el Poder Judicial de la CDMX, encabezado por Rafael Guerra Álvarez, el que determine cuál refleja la verdadera capacidad económica del empresario. Y ahí tendrán que salir las cuentas.
RADAR
Como lo adelantamos el martes pasado en Las Batallas, la presidenta del Congreso de Michoacán, quien busca encabezar los esfuerzos de la 4T en aquella entidad rumbo a la elección de 2027, cuando se renovará la gubernatura, presentó este martes su libro Historias de Resistencia: La Feminización de la Violencia en Michoacán.
Dar voz a las mujeres, visibilizar lo invisible y hacer un llamado a la acción fueron las motivaciones de una investigación sobre la condición de las michoacanas en Tierra Caliente y la costa durante el periodo de la mal llamada “guerra contra el narco”, de acuerdo con la diputada con licencia.
El libro es resultado de una investigación de más de cuatro años en lo que se identificó como zona de conflicto, integrada por once municipios de la costa, la sierra y Tierra Caliente de Michoacán. El trabajo analiza lo sucedido desde el inicio de la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón hasta la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y operada por Alfredo Castillo Cervantes.
La investigación permitió documentar, según explicó la autora, la falla estructural de una política que buscaba reducir la criminalidad y que tuvo como resultado el crecimiento exponencial de la violencia y el recrudecimiento de las agresiones contra las mujeres.
El hilo conductor, detalló, fue precisamente la condición de las mujeres en las regiones que alcanzaron algunos de los niveles de violencia más altos del país entre 2006 y 2015.
Insisto: es un libro ¡imperdible!
¿Para cuánto alcanza defenderlo?
