La catastrófica situación de Cuba es admitida por el propio gobierno de la isla cuando sus funcionarios reconocen que es urgente un entendimiento con Estados Unidos. Los mismos funcionarios que piden negociar son los que niegan que haya intentos de negociación, y los mismos que obstruyen el avance de algún acuerdo por el cual Estados Unidos flexibilizaría las sanciones contra la isla, a cambio de una profundización de las reformas económicas y de una sucesión de poderes, prevista en la propia Constitución cubana.
No es nuevo ese hábito de perder oportunidades en la dirigencia cubana. De hecho, esa mala costumbre forma parte del tan promovido legado de Fidel Castro. Después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, Castro, que había apostado todo a la inserción de la isla en el bloque socialista de la Guerra Fría, hizo de la resistencia al cambio uno de los elementos centrales de su prolongado poder.
Hubo una buena oportunidad de cambio en Cuba en los primeros años 90, cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos. La Ley Torricelli de 1992, que codificó entonces el embargo, permitía aumentar el intercambio comercial y diplomático entre Washington y La Habana. Cierta voluntad reformista se reflejó en la Constitución de 1992, en la apertura del mercado libre campesino, la despenalización del dólar y las facilidades a la inversión extranjera directa.
• Posición en la OEA
En 1996, sin embargo, el Partido Comunista cubano decidió cerrar filas en torno al continuismo y la inmovilidad, alentando, entre otras cosas, un agravamiento de las relaciones con Washington luego del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y la aprobación de la Ley Helms-Burton, que reforzó el embargo y obstruyó las pocas vías de entendimiento que permitía la Ley Torricelli.
Otra oportunidad de cambio boicoteada se produjo entre 2011 y 2016, cuando el gobierno de Raúl Castro impulsó una serie de reformas que fueron respondidas, desde la administración de Barack Obama, con un proyecto de normalización diplomática. Obama, Michelle y sus hijas viajaron a La Habana a principios de 2016 y unos días después de aquella visita Fidel Castro desautorizó el restablecimiento de relaciones y presentó al presidente de Estados Unidos como un enemigo de Cuba.
Veinte años después, tras la caída del principal soporte energético de Cuba en el siglo XXI, la Venezuela de Chávez y Maduro, se ha abierto otra oportunidad para la isla. Es una oportunidad de naturaleza muy distinta a la de los gobiernos demócratas de Clinton y Obama. Se trata de una oportunidad que no se establece a partir de una flexibilización sino de un agravamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba.
La política de máxima presión punitiva, aplicada en 2026 por la administración Trump, parece dirigida a producir un quiebre o un derrocamiento del régimen cubano, pero nunca, en estos largos meses, ha descartado una negociación. Se trata de la lógica de leverage o entendimiento prepotente que Trump impone, pero que, como muestran casos tan distintos como los de México y Corea del Norte, Venezuela o Irán, puede desembocar en un acuerdo.
El gobierno cubano es consciente de que el margen de negociación no está totalmente cerrado. Sin embargo, fiel al legado fidelista también parece estar dispuesto a perder una nueva oportunidad con tal de no ceder algún coto de su enorme poder. Una muestra clara de la resistencia a un acuerdo en La Habana es la cada vez más desinhibida oferta de cambios económicos sin cambios políticos.
La negativa a cambios políticos es tan ortodoxamente asumida que, incluso, el congreso del PCC se pospone indefinidamente y la propia sucesión presidencial, por la que Miguel Díaz-Canel debería dejar la presidencia luego de dos periodos, ni se menciona. Parte sustancial de esa ortodoxia es la represión sistemática de opositores y la descalificación de críticos.
Coordinadores de la Cuarta Transformación
