Justo cuando se esperaba que la ilegal postulación de candidatos de Morena a gobernadores en 17 estados el próximo año, fuera un globo distractor de lo de Rocha e Inzunza, dos hechos ocurridos esta semana revivieron el mayor escándalo de corrupción en lo que va del sexenio que parecía olvidado: el del huachicol fiscal, en cuyas investigaciones están involucrados nombres de políticos, empresarios y actuales o anteriores funcionarios.
Uno fue atribuirle más acusaciones al exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel, por el “hallazgo” en CDMX de documentos que presuntamente lo vinculan a ese ilícito que, entre protestas de familiares y militantes de su expartido, lo mantiene preso en el penal del Altiplano y, otro, el caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna, vinculado a proceso ayer por la misma causa, tras aquel prolongado interrogatorio de un agente del FBI en Buenos Aires en la prisión en que estuvo internado, antes de ser trasladado a México.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
“Rocha sigue teniendo el control sin estar formalmente en la gubernatura”
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió ayer en su mañanera que se haga justicia en el caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna, por presuntamente liderar la red de marinos que controlaba el huachicol fiscal en las aduanas del país, al asegurar que la FGR cuenta con “muy sólida” carpeta de investigación en su contra. En ella está su hermano, el exalmirante Manuel Roberto, preso en el Altiplano mexiquense, sobrinos políticos ambos, del extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Agregó la mandataria que “hay suficientes datos para conocer que esta persona tenía una red que permitía la distribución de combustible, que venía de contrabando, principalmente de Estados Unidos”, al confirmar que fue denunciado, junto con otras personas, por el hallazgo de un buque en Tampico que traía combustible y quería entrar al país, y reconoce que no sólo son personas de la Semar, sino empresarios y otras personas que están en la investigación.
Somos México, el nuevo partido político al que el Tribunal Electoral ordenó cambiar de nombre, siglas y colores, se llamará sólo Somos —como el Podemos español—, pero usará en su emblema la silueta de la República Mexicana.
Que una orden de aprehensión no impide registrar una candidatura a un cargo de elección, dice Arturo Zaldívar, expresiente de la Corte, lo que da luz verde a quienes están en esa situación en cualquiera de los partidos que contendrán en el proceso electoral de 2027.
Valdría la pena rellenar las bolsas de palomitas este fin de semana y días siguientes, por lo que vaya a ocurrir, como sugiriera Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU y exembajador en México.
Kavak, The CIU y el auto increíble
