La promulgación de la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual marca un gran avance en la industria cinematográfica mexicana.
Tras más de tres décadas operando bajo una legislación obsoleta y muy distante de las dinámicas digitales actuales, el Estado mexicano intenta refundar las reglas del juego para la cinematografía nacional.
La nueva ley tiene por objeto fomentar y regular la producción, distribución, difusión, promoción, comercialización, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y audiovisuales. Sin embargo, como ocurre con casi toda intervención regulatoria en mercados complejos, la norma se mueve entre el incentivo cultural legítimo y las tensiones del libre mercado, terea difícil de lograr.
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La ley tiene claroscuros, entre los aciertos, la ley ofrece un respiro histórico a la cadena de producción local. El blindaje institucional del Focine y la consolidación de estímulos como el Eficine otorgan certeza jurídica a realizadores e inversionistas, garantizando presupuestos progresivos que protegen al sector de los vaivenes políticos sexenales.
Asimismo, se establecieron reglas para fomentar el cine mexicano, con un incremento de la permanencia en las pantallas que será mínima de14 días y la reserva de un 10% de espacios en las pantallas de los cines para producciones mexicanas, lo cual representa un intento ambicioso por resolver el histórico cuello de botella del cine mexicano en la distribución y la exhibición.
A ello se suma una perspicaz perspectiva de inclusión sociocultural. La legislación no sólo reconoce la diversidad lingüística e indígena de la producción audiovisual contemporánea, sino que descentraliza los fondos para evitar que el cine siga siendo un privilegio concentrado en la capital del país. Bajo este sistema, la ley cumple una deuda de equidad territorial e identitaria.
Sin embargo, por otro lado, tenemos los oscuros de la ley, que emergen cuando colisiona con la realidad económica de los exhibidores privados. Obligar a las cadenas comerciales a mantener títulos en pantalla durante dos semanas en horarios equitativos, plantea serios retos financieros frente a los megaproyectos internacionales. Si las salas quedan vacías durante las tandas obligatorias, el costo del fomento cultural recae de forma desproporcionada sobre la iniciativa privada, debilitando la infraestructura de las empresas exhibidoras en el mediano plazo.
Asimismo, tenemos que el tratamiento hacia las plataformas de streaming presenta aristas grises, como es la clasificación para saber qué público está autorizado para ver dichas proyecciones; por ello, se creó una categoría “D” que se refiere que es para adultos con advertencia de sexo explícito y alto grado de violencia, la cual también deben de observar todas las salas de exhibición, incluidas las llamadas “alternativas”, así como las plataformas digitales que la ley denomina “bajo demanda”. Dicha disposición será difícil de supervisar su cumplimiento, y al igual que las redes sociales, en cada familia se deberá de tomar en cuenta dicha clasificación para que los menores de edad no tengan acceso a ellas.
En conclusión, la Ley Federal de Cine y Audiovisual es un triunfo legal indispensable, pero insuficiente por sí solo. El verdadero éxito no se medirá por la buena técnica legislativa, sino en la capacidad del Estado y la industria para colaborar sin destruirse.
La creación de la ley es un gran avance, pero todavía falta la expedición de su reglamento. Para ello, se estableció un plazo de 180 días. Esperemos se promulgue a tiempo y complementen los pendientes de la ley.
Kavak, The CIU y el auto increíble
