El domingo 30 de agosto, un coche-bomba estalló frente a la comandancia de Policía de Ojocaliente, Zacatecas. El saldo: 10 heridos, dos de ellos policías municipales, 17 viviendas destruidas y varios vehículos dañados. No fue un enfrentamiento, no fue una balacera que se salió de control. Fue un vehículo cargado con explosivos, colocado frente a una instalación policial, a una hora en que había gente en la calle. Eso tiene un nombre y son actos terroristas.
En México, el artículo 139 del Código Penal Federal sanciona con prisión de 15 a 40 años a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas o biológicas, material radiactivo, incendios o explosivos contra bienes o servicios públicos para atemorizar a la población o para presionar a la autoridad a tomar una determinación.
Lo grave es que la autoridad no quiere asumir que son actos de terrorismo para juzgarlos como tales.
• Durazo... ¿oye pasos?
Léalo otra vez y compárelo con lo que pasó en Ojocaliente. No hace falta reformar una sola línea. La figura ya existe, está vigente y describe con precisión lo que ocurrió el domingo.
MENSAJE DE MIEDO
Pero, por alguna extraña razón, aquí en México este tipo de actos no se quieren catalogar como terroristas.
El único argumento que se usa para no calificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas es que no buscan el poder político. Ese argumento se cae solo cuando uno revisa la lista de presidentes municipales asesinados en los últimos años, la de policías municipales cooptados y la de exfuncionarios que hoy son testigos protegidos en Estados Unidos.
Y lo cierto es que sí, los cárteles de la droga buscan y obtienen en México puestos políticos, desde presidentes municipales hasta posiciones en los congresos locales y federales, e incluso en algunas gubernaturas. Ahí están los señalamientos que ha hecho Estados Unidos sobre muchos políticos mexicanos.
Bajo esa lógica, lo que está pasando en México y el terror que siembran algunas organizaciones criminales sí es terrorismo.
Veamos la historia y recordemos lo que sucedía en Colombia a finales de los años 80. Colombia tardó años en llamarlo por su nombre, en decir que lo que sucedía eran actos terroristas.
El 2 de septiembre de 1989, un carro con 135 kilos de dinamita estalló frente a la sede del diario El Espectador, en Bogotá. No hubo muertos, pero sí unos 73 heridos y el edificio quedó destrozado. Tres meses después, el 6 de diciembre, un bus cargado con 500 kilos de dinamita fue estrellado contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS.
El objetivo era su director, el general Miguel Maza Márquez, que se salvó porque su oficina estaba blindada. Murieron 63 personas y más de 600 quedaron heridas. Ninguna de ellas tenía relación con el narcotráfico.
Siguieron los carros-bomba de mayo de 1990 en los barrios Quirigua y Niza, con 26 muertos y 180 heridos. Y el 15 de abril de 1993, un vehículo con 150 kilos de dinamita estalló frente al centro comercial Centro 93, en el norte de Bogotá: ocho muertos y 242 heridos, de acuerdo con los registros de las autoridades de la época. Fue el último gran atentado antes de que Pablo Escobar fuera abatido, el 2 de diciembre de ese año.
La lógica era muy simple y conviene entenderla, porque es la misma que estamos viendo aquí. Escobar no ponía bombas para ganar territorio: las ponía para negociar.
Lo que buscaba era que el Estado colombiano cediera en un punto concreto: la extradición a Estados Unidos. El terror no era el fin, era el instrumento de presión. Y funcionó durante años, porque durante años nadie quiso decir en voz alta lo que estaba pasando.
Y esto es lo que está pasando en México. Según el recuento que hicimos esta semana en Todo Personal, cuatro ataques con coche-bomba en los últimos tres años. Algunos con muertos, otros con heridos, todos con viviendas dañadas y con familias que no tenían nada que ver.
A esa lista hay que sumarle un instrumento todavía más silencioso: esta semana un militar murió por la explosión de una mina antipersonal enterrada en una brecha de Michoacán.
Coches bomba, minas antipersonal, drones con explosivos: los tres están diseñados justamente para eso, para que el daño sea indiscriminado y el mensaje llegue. Para sembrar terror en la sociedad. Pero, además, los criminales están utilizando drones para realizar actos terroristas, aunque sean drones comerciales.
Hace unos días escribí sobre el robo de un cargamento de drones de la marca china DJI, justo después de salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No es la primera vez que le roban drones a esa compañía en esa ruta. No hay evidencia que ligue esos equipos con ningún hecho posterior, y hay que decirlo con claridad. Pero el robo explica por qué esta tecnología se volvió mercancía de altísimo valor para las estructuras criminales.
El crimen organizado lleva años reclutando muchachos para hacer trabajo de halcón. Un dron hace ese trabajo mejor: vuela 24 horas, toma imágenes nítidas de día y de noche, cubre sierras y caminos donde no entra una patrulla, no habla si lo detienen y no tiene familia a la que proteger.
Para realizar actos terroristas, los cárteles mexicanos están utilizando drones para
auxiliarse.
En un dato preocupante, la noche del 25 al 26 de agosto, fuerzas militares estadounidenses derribaron tres drones en la zona del Valle del Río Grande, en Texas.
Y no lo hicieron con fusiles ni con misiles. Utilizaron un sistema láser de alta energía del Ejército estadounidense.
De acuerdo con las autoridades de ese país, los aparatos estaban apoyando actividades ilícitas y representaban una amenaza para personal militar y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza. Autoridades y reportes estadounidenses los han vinculado con operaciones de vigilancia de organizaciones criminales.
Estados Unidos está utilizando tecnología militar de energía dirigida para neutralizar drones relacionados con actividades criminales en su frontera con México. Ya no estamos hablando solamente del halcón parado en una esquina avisando por radio que se acerca una patrulla.
Con estos drones se pueden observar carreteras, retenes, instalaciones militares y movimientos de policías. Pueden seguir vehículos. Pueden identificar rutas con menor vigilancia. Pueden operar durante horas y transmitir imágenes en tiempo real. Y ésa es apenas la primera parte del problema, porque los drones también pueden convertirse en armas.
En México ya hemos visto organizaciones criminales utilizar drones modificados para lanzar explosivos. La tecnología que en Ucrania transformó la manera de combatir también está llegando, en distintas escalas y con equipos comerciales modificados, a las organizaciones criminales.
Existen, además, aeronaves no tripuladas industriales capaces de transportar decenas de kilos. No significa que todos los drones comerciales tengan esa capacidad ni que todos sean utilizados con fines criminales. Significa algo mucho más preocupante: la tecnología disponible permite que un aparato relativamente accesible pueda pasar de herramienta de vigilancia a plataforma de transporte o ataque.
Aquí lo seguimos llamando “hechos aislados”. En Colombia también los llamaron así, hasta que tuvieron que reconocer que lo que hacen estas organizaciones criminales son “actos terroristas”.
Sin equilibrios
