La iniciativa para reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, con el fin de impedir que personas con doble nacionalidad aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no es un simple ajuste técnico.
Es una reforma profundamente política y peligrosamente regresiva. Bajo el discurso de la “lealtad única” se pretende sembrar una sospecha generalizada sobre millones de personas mexicanas cuya única falta es tener también otro vínculo jurídico con otro país. El planteamiento es ofensivo porque parte de una premisa injusta: que una persona con dos nacionalidades es, por definición, menos confiable que quien tiene sólo una. Esa idea no sólo es falsa; es discriminatoria.
Decir “si quieres el cargo, renuncia y ya”, revela una comprensión pobre de los derechos humanos. Los derechos no son favores que el Estado concede cuando le parece conveniente. Son inherentes, irrenunciables, interdependientes e indivisibles. Entre ellos está el derecho a la participación política: votar, ser votado e intervenir en los asuntos públicos. Condicionar ese derecho a que una persona borre una parte de su identidad jurídica es una forma de exclusión, no una garantía democrática.
• Durazo... ¿oye pasos?
El artículo 1° constitucional prohíbe toda discriminación que anule o menoscabe derechos. Por supuesto que el Estado puede establecer requisitos para ocupar cargos públicos, pero esos requisitos deben ser razonables, proporcionales y necesarios. Esta reforma no demuestra que la doble nacionalidad produzca deslealtad; sólo presume culpabilidad. Y cuando una constitución empieza a escribir presunciones de sospecha contra ciertos ciudadanos, deja de proteger derechos y comienza a jerarquizar a las personas. La pregunta debe formularse sin rodeos: ¿un paisano con doble nacionalidad es menos mexicano? Si la respuesta es no, entonces la reforma es injustificable. Si la respuesta es sí, el problema es todavía más grave, porque estaríamos aceptando que existen mexicanos de primera y mexicanos bajo vigilancia permanente. Esa lógica no fortalece a la nación, la empobrece al ser una regla simplista que convierte una condición personal en sospecha política.
Lo más grave es que esta exclusión pretende elevarse al texto constitucional. El prejuicio dejaría de circular sólo en discursos públicos para convertirse en norma suprema. Eso debería preocuparnos a todos, incluso a quienes hoy creen que el tema no les afecta. Cada vez que el Estado restringe derechos políticos, basándose en una categoría personal y no en conductas comprobables, se abre una puerta autoritaria difícil de cerrar.
México reconoce a nuestros connacionales en el extranjero: sus remesas, sus vínculos culturales, su participación y su amor por el país. Esta reforma manda otro mensaje: pueden sostener a México, pueden representarlo simbólicamente, pueden ser usados en discursos oficiales, pero no pueden aspirar a gobernarlo si conservan una segunda nacionalidad. Esa contradicción no es patriotismo; es hipocresía institucional.
Excluir a quienes tienen doble nacionalidad no nos hace más soberanos; nos hace menos democráticos. Si queremos defender a México, empecemos por no permitir que la Constitución sea usada para fabricar ciudadanos sospechosos.
Sin equilibrios
