El principio de autodeterminación de los pueblos consiste en el derecho de una sociedad a decidir libremente cómo quiere gobernarse.
Es una de las bases del derecho internacional, pero no la única.
Algo hay que decir cuando dentro de un país ocurre una violación sistemática de los derechos humanos.
• Crimen organizado en Tabasco
En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo han corrompido el principio de autodeterminación. No hay multitudes exigiendo en las calles que se cancelen las elecciones, ni que el matrimonio gobierne hasta la muerte y que después herede el poder a sus hijos. Lo que hubo en 2018 fueron protestas reprimidas con cientos de muertos. La conclusión del régimen no fue escuchar al pueblo, sino procurar no volver a escucharlo.
La reforma constitucional aprobada hace una semana, que eliminó las elecciones en Nicaragua, ofrece una muestra casi perfecta de cómo se construye una dictadura con estricto apego a Derecho.
“Los períodos de las autoridades electas por el voto popular en las últimas Elecciones Generales, Municipales y Regionales vigentes, quedan ampliados a siete años”, dice el texto. Parece una aburrida disposición administrativa. En realidad, borra las elecciones de noviembre de 2026 y prolonga hasta 2028 el mandato de los copresidentes, una figura inventada en 2025 para colocar a Murillo a la misma altura de su esposo. La reforma todavía deberá ser ratificada por una segunda legislatura el 18 de enero de 2027. Formalmente es una aduana; políticamente, es una caseta sin nadie que atienda la ventanilla ni la pluma. La Asamblea está dominada por leales al régimen y las instituciones incómodas ya fueron sometidas o eliminadas, mientras las útiles siguen funcionando para transformar cada abuso en ley. Las autocracias modernas rara vez queman las constituciones. Prefieren reescribirlas.
Tampoco desaparecerán necesariamente las elecciones. Ortega entendió que resulta más elegante conservar las urnas y vaciarlas de contenido. En 2028 la reforma impedirá ocupar cargos públicos, dirigir partidos o ser candidato a quienes el gobierno considere “vinculados a intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía”. Cada expresión resume una etapa del avance de la dictadura. El supuesto golpe permite llamar golpista a quien protesta. El financiamiento extranjero sirvió para desmantelar organizaciones civiles y medios independientes. Las sanciones y la soberanía completan el círculo: quien denuncia abusos provoca condenas internacionales y luego es castigado por haberlas provocado. La traición a la patria es exhibir los abusos del régimen ante el mundo.
Antes de llegar aquí, el gobierno encarceló a los principales aspirantes opositores; persiguió periodistas, sacerdotes, empresarios y estudiantes; cerró miles de organizaciones; confiscó universidades y medios; expulsó disidentes y despojó de la nacionalidad a centenares de personas. Ahora el Consejo Supremo Electoral tendrá todavía más poder para cancelar partidos y sancionar candidatos. Habrá competencia, siempre que compitan solamente quienes Ortega autorice.
La no intervención protege a los pueblos frente a la voluntad de otros Estados. No concede a los gobiernos un permiso para aplastar la voluntad de sus propios ciudadanos. Confundir soberanía con impunidad equivale a sostener que las fronteras convierten los derechos humanos en asuntos domésticos. La autodeterminación no pertenece a los gobernantes, sino a los gobernados. Y cuando una pareja presidencial decide quién puede votar, quién puede competir y cuándo será consultado el país, no está defendiendo al pueblo de Nicaragua frente al extranjero. Está defendiendo al régimen para seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua.
Mítines y ánimos
