El jueves pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con que el secretario de Salud, David Kershenobich, ordena a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgue a los laboratorios y proveedores de Brasil la “facilidad la vía regulatoria abreviada para el otorgamiento de los registros sanitarios de medicamentos” aprobados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de la República Federativa de Brasil (Anvisa), que dirige Leandro Pinheiro, aunque la Cofepris carece de igual reciprocidad en aquella nación, algo así como una lambada sanitaria.
En Brasil, tome nota, nació tan fogosa danza que —según el Filósofo de Güémez—es como los acuerdos políticos: parece que te bailan pero te hacen otra cosa.
Usted diga si no: el acuerdo ordena a la Cofepris, que dirige Víctor Hugo Borja, proceda en 45 días máximo a validar los medicamentos y productos aprobados por Anvisa, aprobación que sólo será revisada rapidito y de buen modo, antes de entrar al mercado mexicano. Por supuesto que la autoridad sanitaria —y menos los fabricantes— de México carece de igual facilidad para entrar a la nación carioca.
• Crimen organizado en Tabasco
Pero sí, ya en su momento el gobierno más humanista de la humanidad —desde 2019— rindió su soberanía sanitaria primero a la UNOPS y al Club de los Pibes que en México encabezó Giuseppe Mancinelli; sí, también rindió su soberanía a los laboratorios de Argentina para importar oncológicos caducos; sí hubo rendición ante Europa del Este a fin de importar chochos con leyendas ilegibles, sí se le ofreció a la India inundar el mercado público con medicamentos adquiridos a precios dumping; y hasta se le rindió a los amigos de Amílcar Olán y de Andy —en empresas como Farmadomi México, Proveedora Abastecimiento La República y Cove20— ¿pues que tanto es tantito darle entrada franca a los fabricantes brasileños sin nada a cambio más que una vaga promesa de reciprocidad?
Y en lo que se cumple esa promesa (“de veras, deveritas, mañana nos casamos”), la Cofepris entregará a las firmas brasileñas sus registros sanitarios a más tardar en mes y medio…, pero rezaga hasta 3 años la entrega de registros médicos a los laboratorios y proveedores mexicanos si no es que llegan a algún tipo de cochupo en la tramitología.
Y para hacerle la vida complicada a los locales, Cofepris publicó el 26 de julio pasado 10 circulares para difundir los avisos de riesgo sanitario y clausuras de fábricas y establecimientos a toda velocidad en territorio nacional —con sanciones y todo tipo de pellizcos— sin que exista algún tipo de tal alertamiento de los productos validados por la autoridad sanitaria de Brasil.
De esta manera el llamado “Plan México” en materia farmacéutica sólo ha quedado en fugaces discursos.
Ni la lambada ni el acuerdo Cofepris-Convisa son lo que parecen.
Dos engaños sobre el salario mínimo. A lo largo de 8 años una de las banderas que más festeja el régimen es el aumento nominal del salario mínimo. Pero la retórica guinda choca, en primer lugar, con los datos del Inegi, a cargo de Graciela Márquez: hoy 78% de los trabajadores recibe de menos de 1 a 2 salarios mínimos, mientras que los trabajadores con más de 5 salarios mínimos sólo representa 0.7% de la Población Económicamente Activa tras caer 70% su número como “trabajadores privilegiados”.
Segunda engañifa: Juan Carlos Moreno “Pastor” muestra, conforme a los tabulares del SAT, que en 2018 quien percibía 10 mil pesos exentaba el Impuesto Sobre la Renta (ISR); sus patronas y/o patrones pagaban 800 pesos de IMSS e Infonavit, así como 80 pesos del Impuesto Sobre la Nómina (ISN). Un costo para la empresa de 10,880 pesos.
Pero ahora, dado que el esquema de exenciones fiscales extrañamente no se modificó (y ni Luisa María Alcalde ni el actual secretario del Trabajo, Marath Bolaños, dijeron pío), por esos mismos 10 mil pesos los empleadores cubren 950 pesos en ISR, pagan IMSS e Infonavit 3,800 pesos y agregan 340 pesos de ISN. El costo para la empresa es de 15,090 pesos por trabajador.
Entonces, si en 2018 el gobierno captaba 880 pesos o sea 8% del ingreso laboral, ahora se embucha el 33% o sea 5,090 pesos sin que el trabajador haya mejorado su ingreso.
Las consecuencias son evidentes: 56% de los trabajadores lo hace en el sector informal pues no hay empleador que aguante el costo gubernamental… lo que se expresa en altos niveles de desempleo regional como el caso de Tijuana, donde la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (ARHITAC), que encabeza Fernando Becerra, reporta un déficit de casi 110 plazas de trabajo ofrecidos ante una creciente demanda de empleos y migración de empresas maquiladoras.
¿Seguimos con el festejo?
Esta columna con todo y columnista se toma un receso pasadas las fiestas patrias y amenaza con regresar el 5 de octubre.
Mítines y ánimos
