En México nos gusta celebrar las estadísticas sin cuestionar el fondo.
Presumimos el aumento en la matrícula universitaria como si fuera un indicador inequívoco de progreso, cuando en realidad presenciamos la devaluación académica más severa de nuestra historia reciente.
Los recientes resultados de la prueba PISA mostraron el bajo rendimiento de los jóvenes mexicanos y que pronto llegarán a la educación superior, la cual ha dejado de ser un motor de movilidad social para convertirse en un mercado de ilusiones, un negocio de expedición de certificados y un refugio de la apatía, donde a la mayoría de los estudiantes sólo les interesa aprobar con las mejores calificaciones y con el menor esfuerzo, para que rápidamente ingresen a alguna maestría, que no tenga ninguna exigencia y sea barata.
• Golpe a Los Ardillos y a Los Tlacos
El mapa universitario mexicano está profundamente fracturado. En un extremo se encuentran las instituciones privadas de élite, cuyas colegiaturas astronómicas resultan inalcanzables para la inmensa mayoría. En el otro, hay un universo voraz de universidades “patito” que operan bajo la lógica del libre mercado más salvaje, con colegiaturas accesibles a cambio de un rigor académico inexistente. Ante la saturación y limitación de cupos en la educación pública, miles de jóvenes terminan atrapados en aulas improvisadas o tomando clase por vía remota, donde la enseñanza es una simulación.
A esta distorsión mercantil se suma una crisis pedagógica sin precedentes. La pandemia de Covid-19 no sólo interrumpió las clases presenciales; aceleró “un apagón académico” cuyas secuelas hoy son inocultables y todavía incalculables.
Durante el confinamiento y en la posterior transición, las instituciones, públicas y privadas, optaron por la indulgencia para evitar la deserción escolar. Se flexibilizaron los criterios de evaluación, hasta el punto de anularlos. El resultado es una generación que llegó a las aulas universitarias con graves deficiencias en comprensión lectora, razonamiento matemático y pensamiento crítico.
Sin embargo, el problema no es únicamente de capacidades previas, sino de actitud. Observamos una creciente indolencia estudiantil, una apatía generalizada donde el interés por el conocimiento ha sido desplazado por el pragmatismo del menor esfuerzo. Para muchos alumnos, la universidad ya no es un espacio de debate, investigación o rigor intelectual, sino un trámite burocrático que hay que sobrellevar para obtener un título.
Esta combinación de exigencia nula y desinterés generalizado crea un círculo vicioso perfecto. Las autoridades no evalúan con rigor la calidad de las instituciones privadas y no fortalecen a las públicas; si en las aulas se renuncia a la disciplina y al esfuerzo, la educación superior deja de formar profesionales competentes. Nos estamos llenando de licenciados e ingenieros en el papel, pero vulnerables ante la realidad económica y tecnológica del país.
La crisis de la universidad mexicana no es falta de infraestructura ni un problema exclusivo de presupuesto, es un colapso de expectativas y exigencia. Mientras sigamos confundiendo la entrega de un título con la formación de un profesional, continuaremos alimentando una ficción costosa. México necesita recuperar la cultura del mérito, la evaluación estricta a los centros de estudio y, sobre todo, devolverle al aula el valor del esfuerzo.
Esto sucede casi en todas las instituciones, tanto privadas como públicas, pero que la UNAM entre a la competencia por la expedición de títulos universitarios y de posgrado, es un grave problema, pues se pierde el último reducto de la educación pública universitaria de calidad. Sin ella, el futuro laboral de los egresados estará en riesgo, esperemos se detenga este proceso a tiempo.
El problema no son los ciudadanos
