El proceso electoral federal inició este 10 de septiembre con un INE que enfrenta varios desafíos. Apenas un día antes del arranque, argumentando motivos de salud, Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva, una de las posiciones centrales en la organización de los comicios.
Después, la anticlimática presencia de la secretaria de Gobernación en la ceremonia de inicio no dio un buen mensaje ante los duros señalamientos que hoy enfrenta el INE sobre su falta de autonomía.
Tenemos enfrente una elección enorme: se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales en 31 entidades y ayuntamientos o alcaldías en 30 estados.
• Lluvia, fiesta y respaldo
El INE calcula una Lista Nominal superior a 102 millones de electores y proyecta instalar 176 mil 741 casillas. Pero organizar casillas, imprimir boletas y contar votos será solamente una parte del reto. La otra lleva armas de alto calibre.
El propio INE ya reconoce la amenaza. Un artículo publicado en su portal Central Electoral advierte las señales de presencia del crimen organizado en las elecciones y recuerda antecedentes de personas armadas amedrentando a ciudadanos para impedirles votar, presiones para favorecer candidaturas, robo de urnas, quema de material electoral y posible entrada de dinero ilícito a las campañas.
Pero la realidad es que el crimen organizado no necesita esperar al día de la elección para alterar la voluntad ciudadana.
Interviene meses antes amenazando a un aspirante, asesinando a otro, obligando a alguno a retirarse de la contienda o intentando colocar personas que protejan sus intereses.
Data Cívica, México Evalúa y Animal Político han documentado el fenómeno mediante el proyecto Votar entre balas. Entre 2019 y el 29 de junio de 2026 registraron 2 mil 974 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas del ámbito político o gubernamental, además de ataques contra instalaciones gubernamentales o partidistas atribuidos a la delincuencia organizada.
La base está construida con información periodística, pero la tendencia es difícil de ignorar: la violencia se ha convertido en una efectiva herramienta para influir en instituciones, recursos públicos y vida política, particularmente en estados y municipios.
Después de observar lo ocurrido en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas o Guanajuato, resulta ingenuo pensar que organizaciones capaces de disputar territorios, desplazar comunidades, paralizar poblaciones, asesinar autoridades o utilizar explosivos, permanecerán indiferentes cuando esos mismos territorios elijan presidentes municipales, diputados o gobernadores.
El INE instaló una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas que podrá solicitar información a fiscalías, autoridades de seguridad, inteligencia financiera, FGR, SAT y Centro Nacional de Inteligencia para advertir posibles riesgos de infiltración delictiva.
La intención es buena, pero la limitante es mayor: someter una candidatura a esa revisión será voluntario. Y aun si las autoridades detectan un “riesgo razonable”, la decisión final de mantener la postulación corresponderá exclusivamente al partido político o al candidato independiente.
El INE no puede convertirse en tribunal ni cancelar derechos políticos; la presunción de inocencia debe respetarse. Pero ¿qué ocurrirá si las instituciones alertan sobre posibles vínculos ilícitos y el partido decide ignorarlos?
En 2027, el Instituto calcula que tendrá que fiscalizar entre 25 mil y 35 mil candidaturas. Pretender que todo ese universo puede protegerse mediante la “buena voluntad” de los partidos, es iluso frente a organizaciones criminales que llevan años penetrando gobiernos locales.
Para un grupo criminal, controlar un municipio significa acceso a información, policías, presupuestos, contratos, obra pública y decisiones sobre el territorio.
El proceso electoral de 2024 dejó claro dónde está el principal campo de batalla. Integralia documentó 889 víctimas de violencia política durante el proceso 2023-2024 y 39 aspirantes o candidatos asesinados.
El 75% de las agresiones contra candidaturas se concentró en el ámbito municipal y el 92% de las candidaturas asesinadas buscaba un cargo de ese nivel.
Por eso, proteger la democracia ya no significa solamente contar correctamente los votos.
Es garantizar que alguien pueda aspirar a una presidencia municipal sin recibir amenazas; que un candidato recorra una comunidad sin necesitar autorización criminal; que una familia participe políticamente sin temer represalias y que los partidos investiguen a quienes postulan antes de pedirle a la ciudadanía que confíe en ellos.
El 6 de junio de 2027 millones de mexicanos recibirán una boleta y tendrán, aparentemente, distintas opciones.
Pero una elección verdaderamente libre y limpia sucederá cuando nadie con una pistola pueda decidir quién llega vivo a la campaña, quién debe retirarse o quién tiene derecho a gobernar.
Entonces, el gran desafío de los próximos nueve meses no sólo está en conseguir que millones de mexicanos salgan a votar. Es garantizar que cuando lleguen a la urna, la decisión aún les pertenezca.
La falacia del extremismo reactivo
