Los presupuestos son probablemente el documento más honesto de un gobierno: obligan a convertir prioridades, promesas y restricciones en pesos.
Después de semanas de especulación sobre posibles aumentos al IEPS –desde la cerveza hasta los alimentos con exceso de sodio–, el Gobierno presentó el Paquete Económico 2027.
El ejercicio presentado por el secretario de Hacienda es una apuesta por sostener el gasto social en año electoral, recuperar la inversión que es la puerta al crecimiento futuro y reducir gradualmente el déficit que preocupa a las calificadoras. Todo esto sin crear nuevos impuestos al consumo, pero sí cobrando mejor los existentes y aumentando su base gravable con otros mecanismos.
• Lluvia, fiesta y respaldo
Los supuestos económicos planteados por la SHCP son, en términos generales, razonables. Hacienda estima que la economía crecerá entre 1.5% y 2.5% el próximo año. Los analistas consultados por Banco de México esperan 1.75%, dentro del rango oficial. Las diferencias aparecen en inflación y tasas: Hacienda prevé una inflación de 3% y una tasa de interés cercana a 6% al cierre de 2027, mientras el consenso privado está más cerca de 3.85% y 6.5%. No son diferencias menores: tasas más altas encarecen el costo de la deuda y una inflación distinta modifica el valor real del gasto, lo cual reduce el margen de gasto para el Estado.
El verdadero reto para el Gobierno está en generar los ingresos que sustenten su gasto. El Gobierno espera obtener 9.157 billones de pesos antes de financiamiento: 6.264 billones vendrían de impuestos; el resto, de cuotas de seguridad social, derechos, aprovechamientos, ingresos de organismos y empresas públicas y transferencias petroleras. A ello se sumarían 1.480 billones de financiamientos, es decir, deuda, para completar el presupuesto. Para lograrlo, los impuestos tendrían que crecer 5.9% real frente a 2026, bastante más rápido que la economía y mucho más de lo que ha crecido este año.
¿Cómo piensa lograrlo? Sin subir las tasas generales, pero reduciendo los espacios para pagar menos. La reforma al ISR limita deducciones, pérdidas fiscales e intereses para determinadas empresas, modifica el momento en que algunos gastos pueden deducirse y fortalece los controles sobre operaciones con el extranjero. La tasa puede permanecer igual y, aun así, aumentar el impuesto efectivamente pagado. La lógica de SHCP es cobrar hoy, aunque parte de esas deducciones pueda recuperarse en ejercicios posteriores.
El paquete también amplía las herramientas para fiscalizar. La reforma aduanera ataca la subvaluación: elimina el umbral de 50% que hoy condiciona el embargo precautorio y baja a 20% la diferencia que puede configurar una infracción. Se suma a la tasa global de 33.5% que ya pagan envíos por paquetería desde países sin tratado, como China, afectando a plataformas como Temu y Shein. La Ley de Economía Digital aumenta la trazabilidad de pagos y permite que Hacienda determine sectores donde el pago digital sea ordinario. La ley catastral busca homologar información inmobiliaria y fortalecer la recaudación municipal.
Del otro lado está un presupuesto de 10.636 billones de pesos con poco espacio para maniobrar. Pensiones y jubilaciones absorberán 1.841 billones y el costo financiero de la deuda otros 1.575 billones, básicamente un tercio del presupuesto. Al mismo tiempo, el Gobierno preserva sus transferencias sociales y busca invertir en infraestructura. La inversión física crecería 3.5% real y llegaría a alrededor de 2.6% del PIB. La expectativa es que ferrocarriles, energía, agua y los incentivos del Plan México ayuden a detonar una inversión privada que todavía no termina de despegar.
El presupuesto está ajustado, atiende lo indispensable, pero no da señales de atender lo estructural. Hacienda propone reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027. Es una mejora, pero menor a la meta de 3.5% que había planteado apenas en abril. La deuda amplia se ubicará en 55% del PIB (1% más que en 2026) y Pemex seguirá recibiendo recursos representando una presión. No sorprende que las calificadoras estén mirando con atención la capacidad del Gobierno para cumplir sus metas fiscales.
El Paquete Económico es, por ello, responsable, pero retador. Evita un aumento generalizado de impuestos y un ajuste abrupto del gasto. A cambio, necesita que Hacienda recaude más, Pemex demande menos recursos, bajen las tasas y responda a la inversión privada. Varias cosas tendrán que salir bien al mismo tiempo. Lo más preocupante es lo que pospone: la reforma fiscal, el gasto en pensiones y una solución para Pemex.
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