Tw/X: @RominaRuiz31821
El 10 de septiembre arrancó el Proceso Electoral Federal 2026-2027. En junio se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales. Aunque las campañas no empiezan hasta abril, la amenaza que definirá el proceso ya está aquí: la infiltración del crimen organizado, que opera de dos formas distintas.
La primera es la coacción: amenazar, secuestrar o matar para sacar de la contienda a quien estorba. Es la violencia que ya conocemos en cifras. En 2018 hubo 774 agresiones contra políticos y 48 candidatos asesinados, según Etellekt. En 2024, el monitoreo Votar entre Balas documentó 130 personas candidatas atacadas: 34 muertas, 40 sobrevivientes de atentados, 32 amenazadas y 10 secuestradas. Fue el proceso más violento registrado hasta ahora.
“¡Puro traidor veracruzano!”
La segunda es la colusión, y es más difícil de detectar: no elimina candidatos, los ayuda a ganar. El 29 de abril, Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios de haber recibido apoyo del Cártel de Sinaloa en la elección de 2021. Según el expediente, se reunió antes de los comicios con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, en un encuentro custodiado por sicarios armados, a cambio de colocar en el gobierno a funcionarios afines al grupo. Esa misma jornada, se registraron nueve víctimas de violencia político-criminal en el estado, incluidos seis secuestros: coacción y colusión operando a la vez.
Rocha Moya niega las acusaciones, pero el caso deja claro algo importante: una alianza con el crimen organizado no deja el mismo rastro que una amenaza o un asesinato. Nadie lo iba a detectar contando ataques, porque ahí no hubo ningún ataque…. hubo un pacto. Frente a esto, el Gobierno prepara una metodología para identificar vínculos entre candidatos y crimen organizado, pensada justo para la colusión que la violencia no muestra. Según la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, los partidos podrán entregar de forma voluntaria al INE sus listas de precandidatos, y Seguridad, la FGR, la UIF, la CNBV e inteligencia emitirán un dictamen de “riesgo razonable” sobre cada perfil.
La intención es necesaria. La duda es cómo se mide ese riesgo y quién decide. El mecanismo no determina culpabilidad ni sustituye a un juez, y es voluntario. Pero si el dictamen se construye con inteligencia financiera y carpetas de investigación, la pregunta persiste: ¿quién verifica que esa información sea correcta, y qué puede hacer un candidato señalado por error?
La duda pesa más porque el INAI ya no existe: desde 2025 sus funciones pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que a diferencia del INAI forma parte del Ejecutivo y no rinde cuentas de manera autónoma. No se trata de exigir que la inteligencia sea pública, sino de saber quién vigila a quienes tienen acceso a ella. Sheinbaum aclaró que las revisiones usarán sólo información mexicana, y que decisiones de Estados Unidos (como revocar visas) no definirán candidaturas. Es una precisión importante, pero no cierra el tema: desde 2025 Washington designó como terroristas a ocho cárteles mexicanos, lo que intensifica el intercambio de inteligencia entre ambos países. Que la decisión final sea mexicana no exime esa cooperación de vigilancia, ni descarta un intervencionismo bilateral por parte de Estados Unidos.
México necesita herramientas contra ambas formas de infiltración. El caso Sinaloa muestra qué pasa sin ellas. Pero esas herramientas también necesitan límites y controles independientes: un mecanismo sin supervisión puede fallar en cualquier dirección, dejando pasar un vínculo real o señalando uno inexistente. La pregunta no es solo quién vigila al candidato, sino quién vigila a quien lo vigila... y a sus “aliados”.
Imagen generada con inteligencia artificial mediante ChatGPT (OpenAI).
25 años del 11/S
