El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, alias Quetu, fue detenido el martes 23 de septiembre en un operativo conjunto de la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional, la FGR, la Fiscalía de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad del estado. Lo llevaron a la base aérea de Ciudad Ixtepec y, de ahí, al penal del Altiplano.
Se le acusa de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, formaba parte de Los Cromos, célula que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.
Con él, fue detenido Alberto de la Paz López, La Parca, uno de los líderes regionales más buscados de ese grupo, señalado por narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas, con una red de mototaxis para transportar droga y dinero.
Operativo enjambre
Y es que hoy el crimen organizado no sólo quiere rutas, quiere gobiernos y, por eso, buscan principalmente gobernar los municipios, así se quedan con la Policía municipal y con eso se garantiza la venta de droga, el cobro de piso y un manto protector para todo lo demás. Dinero ya tienen, lo que buscan ahora es conservar el poder y multiplicar sus bienes, y por eso financian campañas.
Las autoridades del gobierno estatal aseguran que Sánchez Altamirano le daba a Los Cromos, brazo operativo del CJNG en el Istmo de Tehuantepec, protección política y financiera: acceso a las cámaras de videovigilancia del municipio, aviso previo de los operativos y libre paso para el flujo de recursos ilícitos.
Imagínense nada más qué coraje; el sistema de cámaras y monitoreo que tendría que darle protección y seguridad a los habitantes de Juchitán, estaba al servicio de los criminales.
El 21 de septiembre, dos días antes de la detención, la Fiscalía Estatal documentó un intento de despojo en un callejón del municipio, en el que participó un policía municipal vestido de civil.
Y esto es gravísimo, ¿cómo se garantiza la seguridad cuando los que extorsionan, distribuyen narcóticos y cobran derecho de piso son las propias autoridades? Es imposible.
Por eso, el jueves 25 de septiembre, la Policía estatal desarmó a la Policía municipal completa: 28 armas largas, 27 cortas y dos mil 29 cartuchos fueron a dar al Depósito General de Armamento en Santa María Coyotepec. El excomisionado de seguridad municipal, John Keny Moreno, también fue detenido.
La trayectoria de Quetu explica el arraigo del problema. Fue secretario del alcalde Emilio Montero Pérez en 2018, llegó a la presidencia municipal como interino en noviembre de 2022, terminó ese periodo en 2024 y se reeligió con la coalición de Morena, el Partido Verde y Fuerza por México para el trienio 2025-2027. Estamos hablando de casi cuatro años al frente de un municipio que fue uno de los primeros bastiones de la izquierda en el país, el de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), y que hoy aparece en un expediente del Cártel Jalisco.
Luego vino otro problema. El suplente, Mariano Rosado López, no se presentó a asumir el cargo. Su domicilio fue cateado en los operativos posteriores a la detención.
Circulan versiones de que recibió amenazas de muerte, lo cierto es que el municipio se quedó sin gobernante.
Lo que llama la atención en este caso es ¿de dónde salió la investigación?, ya que se hizo desde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Jara pidió al Congreso de Oaxaca la desaparición de poderes en Juchitán, y el viernes 26 de septiembre, en sesión extraordinaria, los diputados la aprobaron por 35 votos a favor y ninguno en contra.
Hoy, el encargado de Juchitán es Francisco Vázquez Jiménez, comisionado municipal temporal, un juchiteco que ha sido comunicador, bombero, paramédico y rescatista.
Lo que procede ahora es que el Congreso defina el concejo que gobernará hasta el final del trienio o convoque a una elección extraordinaria; por lo pronto, la seguridad quedó en manos de la Policía estatal y los agentes municipales tendrán que pasar exámenes de control de confianza antes de volver a portar un arma.
Ése es el mensaje que importa a los grupos criminales que quieran asentarse en Oaxaca y a los pobladores que llevan años viviendo con miedo.
El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó el 28 de septiembre que hay otras seis carpetas de investigación abiertas contra presidentes municipales del estado por presuntos nexos con el crimen organizado, y que falta consolidarlas antes de pedir órdenes de aprehensión.
Juchitán no es un caso aislado. Con Sánchez Altamirano ya son 14 los alcaldes en funciones, detenidos en el país durante este gobierno por presuntos vínculos criminales: tres del Estado de México, tres de Puebla, dos de Chiapas, dos de Jalisco, dos de Morelos, uno de Oaxaca y el resto de otros estados.
Y, además, hay siete ayuntamientos, en Puebla, Chiapas y Oaxaca, que han sido disueltos por sus congresos por la misma razón.
Mucho se ha trabajado con la Operación Enjambre que encabeza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el caso de Juchitán, el gobernador tuvo mucha presencia en ese operativo.
Y es que, catorce alcaldes detenidos en dos mil 400 municipios del país parecen pocos, pero hay muchos gobernadores que aun tienen en su escritorio un expediente contra un presidente municipal de su propio partido y prefieren no abrirlo.
Juchitán, además, es un municipio golpeado dos veces. El 7 de septiembre de 2017, el sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec tiró el palacio municipal, el mercado, escuelas, la iglesia y miles de viviendas; dejó decenas de muertos en el municipio.
La reconstrucción tomó años, pocos años después, llegó a gobernarlo un personaje que, cuenta la Fiscalía estatal, vio más por Los Cromos que por sus gobernados.
Recuperar la seguridad en Juchitán va a tardar. Cuatro años de protección desde el ayuntamiento dejan a un grupo criminal muy asentado, y sacarlo será complicado, ya se está empezando con el desarme a la Policía municipal y tras disolver el gobierno.
Ojalá en otros estados se tome el ejemplo: investigar y remover a un alcalde, aunque sea del mismo partido. Hasta ahora, son muy pocos los gobernadores que lo han hecho.
Dos ciclos, dos políticas monetarias
