Quien convoca elecciones elige el terreno. Pedro Sánchez lo hizo el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso rechazara sus decretos de vivienda. La campaña para las elecciones del 29 de noviembre se disputará entre alquileres y desahucios. Pero hay otros dos frentes: la frontera de Ceuta y los expedientes de corrupción; ambos plantean a preguntas que ninguna promesa de ayudas puede responder.
La vivienda le ofrece a Sánchez una causa bandera. Según el INE, los precios de compraventa subieron 12.2 por ciento interanual en el segundo trimestre de 2026. Para quien trabaja y sigue sin poder independizarse, la prosperidad nacional es una abstracción irritante. Montesquieu definió la libertad política como la tranquilidad de ánimo que nace de saberse seguro; una generación que vive de prórroga en prórroga carece de ella. Sánchez puede movilizar el agravio; pero le costará más explicar por qué merece otra oportunidad.
Por su parte, Ceuta pone a prueba la promesa más antigua del Estado: proteger a cambio de obediencia. La crisis migratoria de julio mostró que la mitad protectora de ese contrato depende hoy de Rabat, como admitió el propio Sánchez. Es el patrón europeo, de Italia con Libia a la Unión con Turquía: vigilancia delegada a un vecino que después cobra en influencia. ¿Qué margen de decisión conserva Madrid cuando Rabat resulta indispensable?
• Beatriz sin distraerse, a lo suyo
Finalmente, la corrupción compromete la confianza que un gobierno necesita para pedir sacrificios. El exministro socialista José Luis Ábalos recibió una condena firme de 24 años y tres meses de prisión. Begoña Gómez, esposa del presidente, enfrenta juicio con una Fiscalía anómala que pide su absolución. Distinguir ambos casos es una exigencia de justicia. Además, la cercanía con el poder, por sí sola, prueba poco.
Pero la responsabilidad política es otra cosa; un presidente responde por las personas a quienes entrega poder, por los controles que establece y por las explicaciones que ofrece cuando esos controles fallan. Reducir toda exigencia de cuentas a una persecución tiene un costo democrático pues convierte la lealtad partidista en permiso para suspender el juicio propio.
La encuestadora Sigma Dos ya había medido la apuesta; con entrevistas cerradas antes del anuncio electoral, proyectó 140 diputados para el PP y 63 para Vox, 203 frente a los 176 de la mayoría absoluta; Feijóo quedaría a las puertas de la presidencia con un Vox en posición de fuerza.
Sánchez eligió el terreno, pero en la campaña se tendrán que responder las tres preguntas que, en el fondo, son la misma: la credibilidad del gobierno del PSOE. Cuesta creer en nuevas protecciones cuando se duda de la capacidad de administrar fronteras o de vigilar a los colaboradores. Un elector decepcionado puede quedarse en casa sin cambiar de ideología y facilitar una mayoría que jamás quiso apoyar. Toda promesa social requiere un gobierno creíble, y el de Sánchez tiene muy poca.
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