La relación entre desempeño gubernamental y apoyo a la democracia constituye un problema de legitimidad en América Latina.
El informe Latinobarómetro 2026 permite examinar esa relación y sus implicaciones para la representación política. Sus datos muestran que progresivamente las instituciones, lejos de fortalecerse, se han debilitado y la percepción de la población sobre servicios públicos como seguridad, salud y educación se ha deteriorado. El riesgo es que el descontento puede trascender la aprobación del gobierno y debilitar la aceptación del régimen.
El reporte plantea que la crisis mundial no reside en los fundamentos de la democracia liberal, sino en los liderazgos occidentales. Menciona que las deficiencias de conducción política pueden erosionar las instituciones y las condiciones que permiten su estabilidad.
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El apoyo regional a la democracia se mantiene en 52%, después de registrar niveles de 48% y 49% entre 2018 y 2023. Argentina, Uruguay, Costa Rica, Chile y Venezuela concentran los porcentajes más altos; México alcanza 45%. Son números poco halagadores para la democracia. En muchos casos expresan más un deseo que una realidad, como en Venezuela.
Esta preferencia de 52% por un régimen democrático, sin embargo, coexiste con una disposición a aceptar alternativas autoritarias. El 52% de los latinoamericanos admitiría la llegada de un gobierno no democrático si resuelve los problemas; en México, 53%. Aunque ambas preguntas miden dimensiones distintas, su coexistencia sugiere una legitimidad condicionada por resultados: la adhesión declarada a la democracia puede ceder frente a expectativas de eficacia gubernamental.
El desempeño estatal percibido ofrece elementos para explicar esa tensión. El 73% considera que el Estado hace poco o nada por su persona, diez puntos porcentuales más que en 2011. La satisfacción con los hospitales públicos alcanza 28% y con el sistema judicial, 22%. Asimismo, 78% desconfía de que sus impuestos sean bien gastados. Estas cifras dejan muy mal parados a casi todos los gobiernos de la región.
La legitimidad democrática depende tanto de procedimientos competitivos (elecciones) como de la capacidad institucional para atender demandas de su electorado (resultados). Cuando falla esa segunda dimensión, aumenta el atractivo de ofertas políticas como populismos y las nuevas derechas que presentan opciones pragmáticas y simples a problemas complejos y que normalmente se inclinan a clasificar los controles al poder como obstáculos para producir resultados.
Otra variable que merece atención es la relación del crecimiento económico con la democracia. El informe identifica coincidencias entre períodos de mayor crecimiento y mayor apoyo democrático, sin establecer una relación inmediata ni proporcional. La estabilidad económica puede favorecer la legitimidad, pero no mejora la representación, la igualdad ante la ley o servicios públicos. Por ello, el desempeño debe evaluarse más allá de los indicadores de actividad económica. Para México, esto exige examinar la evolución del PIB por habitante: cuando el crecimiento económico es menor al poblacional, ese indicador disminuye, poniendo al régimen en un estrés adicional.
Otro elemento del reporte es el problema de la representación política. El 76% de los latinoamericanos no se siente representado por su parlamento o congreso. En ese contexto, los liderazgos personales pueden desplazar a los partidos como intermediarios entre sociedad y Estado. La competencia se organiza alrededor de la credibilidad del candidato, mientras disminuye la relevancia de partidos políticos y otras formas de organización colectiva.
El reporte también muestra niveles de confianza institucional. En México, la institución electoral, el INE, registra 53% de confianza (muy alta frente al promedio de la región), 40% de la Presidencia (alta), 29% del Congreso (promedio), 28% del Poder Judicial (sorprendentemente en el rango alto de la región), 40% de las fuerzas armadas (por debajo), policía 26% (muy por debajo).
El caso más sobresaliente en los indicadores de desempeño es una dictadura: El Salvador. Este país muestra el alcance de la legitimidad por resultados: 52% considera que el Estado hace mucho o algo por su persona, el porcentaje más alto en la región. Esa percepción ayuda a explicar la aceptación del liderazgo, pero no justifica, como señala el informe, que las debilidades del Estado y la crisis de seguridad se atiendan con violencia de Estado.
La eficacia puede sostener a un gobernante sin consolidar la democracia. Si el respaldo ciudadano permite debilitar contrapesos y restringir la competencia, los electores pierden capacidad para sancionar futuros incumplimientos y resistirse a las preferencias de unos cuantos. El problema aparece cuando dentro de la ciudadanía se legitima una tensión fabricada en la que resolver los problemas de la gente implica erosionar las instituciones creadas para contener al poder.
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