El mismo día que el mundo reconoció a una jueza por defender el derecho internacional, Estados Unidos decidió castigar al tribunal donde trabajó. La coincidencia dice mucho sobre el momento que vivimos.
El viernes, la jueza sudafricana Navi Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la justicia internacional. Horas después, el gobierno de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), restringiendo sus operaciones financieras y las relaciones con quienes le prestan servicios. No fueron sanciones personales contra la galardonada, sino contra una institución que ayudó a construir.
Sería fácil reducir el episodio al enojo de Trump por no haber obtenido el Nobel de la Paz una vez más. Después de todo, María Corina Machado, ganadora de 2025, llegó al extremo de entregarle su medalla para tratar de recuperar su favor en Venezuela. Pero la disputa es bastante más profunda.
La Selva Maya, bajo amenaza criminal
Pillay nació en Sudáfrica bajo el apartheid, el régimen de segregación racial que reservaba derechos según el color de la piel. Defendió a perseguidos políticos, fue jueza del tribunal que investigó el genocidio de Ruanda y participó en la primera generación de magistrados de la CPI. Más recientemente encabezó una comisión de Naciones Unidas que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, una acusación rechazada por el gobierno israelí.
Estas instituciones son relativamente recientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg contra los dirigentes nazis establecieron la idea fundamental de que obedecer órdenes o representar a un Estado no exime de responsabilidad por cometer crímenes atroces. Décadas después surgieron tribunales especiales para Ruanda y la antigua Yugoslavia. Finalmente, en 2002 comenzó a funcionar la CPI, encargada de juzgar personas por genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Conviene distinguirla de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias entre Estados. Ninguna tiene una policía mundial y ambas enfrentan límites jurídicos y políticos. Pero tampoco es cierto que sus reglas desaparezcan cuando un gobierno declara que no las acepta o que la soberanía pueda ser invocada como un pretexto para violar derechos humanos. La CPI puede investigar delitos cometidos en territorios sujetos a su jurisdicción aunque los acusados provengan de países no adheridos, como Rusia o Israel. De ahí las órdenes de detención contra Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu. Aunque ninguna equivale todavía a una condena.
Estados Unidos tampoco es miembro de la CPI. La administración Trump sostiene que un tribunal extranjero carece de autoridad para juzgar a sus ciudadanos y aliados; además de tildarlos de amenaza a su soberanía nacional. Esa resistencia antecede a Trump, pero ahora ha escalado de la crítica al intento de paralizar y destruir a la Corte.
El problema es que esa lógica, llevada hasta sus últimas consecuencias, devuelve al mundo a una especie de estado de naturaleza, donde cada gobierno decide por sí mismo qué puede hacer y nadie tiene derecho a cuestionarlo desde afuera. Es la ley del más fuerte, precisamente aquello que las instituciones internacionales, con todas sus imperfecciones, intentaron limitar. Navi Pillay recibió la noticia en Núremberg, donde se juzgó a los nazis. El simbolismo resulta difícil de mejorar. El derecho internacional no siempre consigue castigar a los responsables, pero renunciar a él significa perder incluso la posibilidad de exigirles cuentas.
IMSS-Bienestar no paga…
