El IMSS tiene una preocupación fundamental: sobrevivir.
Las protestas de sus trabajadores por salarios, falta de insumos y deterioro de las instalaciones exhiben problemas que millones de derechohabientes conocen. Pero hay algo más inquietante que las carencias actuales: sin cambios en su financiamiento y operación, no existe razón para suponer que mejorarán. La población que necesita servicios crece, envejece y eventualmente demandará tratamientos más costosos. Esa realidad es ineludible.
La presión empieza por el tamaño. En 2015, el Instituto registraba 61.9 millones de derechohabientes; para 2024 eran 77.4 millones. Son más de quince millones adicionales en nueve años. Si el IMSS sigue siendo funcional es porque afiliar no equivale a atender: cada nuevo derechohabiente implica disponer de consultorios, camas, especialistas, medicamentos y personal que claramente hoy son insuficientes. Ampliar la cobertura sin asegurar esas capacidades convierte una conquista social en una promesa que se cumple haciendo fila. La espera también tiene costos laborales y económicos que se ven reflejados en la productividad.
“Quítame, bórrame”
A ello se suma el envejecimiento. Las proyecciones de Conapo estimaban 17.1 millones de personas de sesenta años o más en 2025 y alrededor de 28 millones para 2040. Vivir más es una buena noticia, pero exige financiar años de seguimiento, medicamentos y cuidados. La diabetes, la insuficiencia renal y el cáncer requieren recursos que no se resuelven inaugurando hospitales ni multiplicando consultas.
El tercer factor es la informalidad: en agosto de 2026 alcanzó al 55% de la población ocupada. Esa estructura laboral limita la base contributiva de un sistema financiado principalmente por el empleo formal y las aportaciones públicas. El problema rebasa al IMSS: México necesita atender a una población que envejece sin haber construido una economía capaz de sostener suficientemente su protección social.
Nada de esto puede sorprender a la dirección del Instituto ni a la dirigencia sindical. Zoé Robledo encabeza el IMSS desde 2019. Ha tenido tiempo para conocer los hospitales, las cuentas y las inconformidades. El sindicato también las conoce.
La cuenta es sencilla, aunque políticamente incómoda. Las cuotas obrero-patronales y la aportación gubernamental deben financiar una atención cada vez más cara. Hacer más con lo mismo o menos. El déficit del Seguro de Enfermedades y Maternidad muestra que esos ingresos son insuficientes. Exigir servicios como los del ABC sin discutir cuánto cuestan y quién los paga deja intacto el problema. Un hospital privado cobra cada procedimiento; al IMSS, una cirugía adicional le genera un gasto, sin ingresos equivalentes.
Sobre esa fragilidad se acumulan errores. Cambiar repetidamente al responsable de comprar medicamentos destroza la experiencia institucional, genera confusiones administrativas y abre el espacio a ocurrencias. La compra consolidada de Birmex anulada en 2025 por irregularidades ilustra los efectos de la falta de seriedad en la materia. Muchas cosas se explican por la falta de dinero pero el desabasto fue una negligencia administrativa y política.
El IMSS tiene reservas financieras. Recurrir a las reservas permite ganar tiempo, pero cada peso utilizado deja de estar disponible para los compromisos que vienen, cuando habrá más adultos mayores y enfermedades más costosas. Tampoco sería razonable preservarlas a costa de abandonar la atención actual. Ese dilema revela el fondo del asunto: el IMSS necesita recursos suficientes para atender hoy y prepararse para mañana.
Mientras esa discusión se aplaza, los derechohabientes buscan una salida y el mercado les da una solución. La Ensanut 2023 más de una tercera parte de los afiliados del IMSS utilizó servicios privados. Detrás de esas cifras está una decisión: pagar una consulta para no perder el día esperando, comprar la medicina que no llegó, hacerse el estudio por fuera. La población paga doble.
Esa es una solución temporal, un paliativo. Porque el país está frente a un dilema que nos alcanzará pronto. Una parte de la población financia de su bolsillo su atención en consultorios de farmacia y en hospitales privados, algunos tienen seguros privados que pagan religiosamente o que pagan sus empresas. Pero cuando llega la vejez, los costos de los seguros privados expulsan a dichas personas de la salud médica privada y regresan, si bien les va, al IMSS. ¿Con qué IMSS nos vamos a encontrar?
La discusión es más amplia de lo que nos hacen ver, tiene que ver con la atención médica cuando México se convierta en un país de viejos. ¿Cómo van a responder el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, SEDENA, los hospitales y los seguros de gastos médicos privados? ¿Estarán a la altura de la inversión que han hecho los trabajadores y sus usuarios durante toda su vida laboral?
Artistas negros de Cuba
