Los disturbios desatados en las manifestaciones francesas se están utilizando en Europa para estigmatizar a los inmigrantes y defender las políticas migratorias más extremas.
Así lo hizo recientemente el primer ministro de Hungría, Péter Magyar, quien utiliza las protestas en Francia para acreditar su postura antiinmigrante y sus duras políticas contra los derechos humanos de los migrantes.
Las manifestaciones contra la austeridad en la educación pública francesa han desatado una ola de violencia en distintas ciudades del país galo, principalmente en Paris, Lyon y Marsella, en donde se han registrado saqueos, incendios y enfrentamientos de manifestantes contra los cuerpos de seguridad.
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Los países europeos más conservadores ven con malos ojos la diversidad que existe en la población de Francia y critican la manera en que los gobiernos han manejado la inmigración.
El mandatario húngaro es una de esas voces que estigmatizan a los inmigrantes de manera pública ante los disturbios al afirmar que “de cara a la destrucción sin sentido y la violencia injustificada, quizá ahora les resultará claro a todos porqué Hungría adopta la postura más estricta en materia de migración y por qué no vamos a relajar nuestra protección fronteriza ni a cambiar nuestra política migratoria bajo ninguna presión”.
Según el primer ministro húngaro la gran mayoría de los países europeos está despertando para romper con las antiguas políticas migratorias más permisivas y así se demostró en la cumbre europea, en donde Italia, Dinamarca y Hungría se unieron para pedir mayor firmeza en temas migratorios.
Dinamarca es otro de los países más críticos con respecto a la migración en Europa. Recientemente, la primera ministra del país escandinavo, Mette Frederiksen, pidió a la Comisión Europea que examinara la medida española al considerar que contradice la orientación migratoria que, según ella, predomina actualmente en la Unión Europea.
España es de los pocos países del continente que han escapado de la ola antiinmigrante que se expande por toda Europa. La iniciativa española, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, pretende facilitar que unas 600.000 personas puedan regularizar su situación migratoria.
Una postura muy criticada por la derecha y la ultraderecha españolas que pretende defender la integración social, el respeto a los derechos humanos y la participación de los migrantes en la economía.
A diferencia del punto de vista español, en Dinamarca se teme que el hecho de conceder permisos de residencia a los inmigrantes que han entrado y vivido de manera irregular en España pueda atraer un mayor número de personas extranjeras.
Mette Frederiksen sostuvo que la decisión española hace prácticamente lo contrario de lo que están haciendo otros gobiernos europeos. La primera ministra considera que las decisiones nacionales deberían estar alineadas con los esfuerzos comunitarios para reducir la inmigración irregular.
El gobierno español ve esta regularización masiva como una oportunidad para que las personas que ya viven en su territorio tengan una vida más estable, obtengan seguridad jurídica y contribuyan a la economía reduciendo la informalidad.
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