Donald Trump acaba de darle una ayuda inesperada a Vladimir Putin. A menos de tres semanas de las elecciones estadounidenses, el presidente decidió suspender la aplicación de nuevas sanciones contra Rusia, privilegiando sus necesidades electorales sobre el respaldo a Ucrania.
El viernes 16 de octubre, Trump firmó una orden ejecutiva para detener la entrada en vigor de una ley aprobada por el Congreso apenas un mes antes. La legislación, impulsada por el fallecido senador republicano Lindsey Graham, buscaba endurecer las sanciones económicas contra Rusia para dificultar el financiamiento de su invasión a Ucrania. Desde febrero de 2022, Estados Unidos y sus aliados han impuesto restricciones comerciales, congelado activos y limitado las operaciones de bancos y empresas rusas. El objetivo ha sido elevar el costo económico de mantener una guerra que Putin inició para arrancarle ilegalmente territorio a un país vecino que decidió acercarse a sus vecinos europeos.
La nueva legislación ampliaba esa presión con sanciones contra funcionarios, instituciones financieras y empresas energéticas. También contemplaba aranceles de hasta 500 por ciento a productos rusos y de 100 por ciento a determinados países que continuaran comprando su petróleo y gas. Sin embargo, Trump utilizó una facultad prevista en la propia ley para suspender su aplicación por razones de interés nacional. Su secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que utilizarían hasta 60 días para evaluar las consecuencias económicas. El plazo es suficiente para llegar a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
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La explicación parece encontrarse en las gasolineras estadounidenses. La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel en febrero, ha perturbado el suministro internacional de petróleo y elevado los precios de los combustibles. Esto se ha convertido en un problema electoral para Trump, especialmente después de prometer energía barata y controlar la inflación. En días recientes Washington anunció un acuerdo para permitir la comercialización de diésel ruso. Trump también criticó los ataques ucranianos contra refinerías rusas, responsabilizándolos parcialmente del encarecimiento del precio de los combustibles.
Para Ucrania, la decisión llega en un momento complicado. Después de meses atacando instalaciones petroleras, depósitos y posiciones militares rusas, sus fuerzas aseguran haber recuperado territorio y frenado avances enemigos. Moscú sostiene lo contrario y todavía no existe una verificación independiente suficiente para determinar el alcance de esas ganancias, pero Ucrania ha logrado poner contra las cuerdas al régimen de Putin con ataques profundos en el territorio ruso que incluso parecían darle ventaja en las campañas militares de este año.
Trump no ha mantenido una posición consistente frente a Zelenski. Lo mismo ha reconocido su resistencia que lo ha humillado en la propia Casa Blanca. Incluso ha condicionado temporalmente el apoyo estadounidense, indispensable para la defensa aérea y las operaciones militares ucranianas. Esta última suspensión provocó críticas entre los propios republicanos, pues no es claro el beneficio o la explicación detrás de esta línea de vida lanzada al régimen de Putin.
Pero el cálculo electoral resulta evidente, aunque su eficacia económica todavía sea incierta. Si los republicanos pierden el control de alguna de las cámaras del Congreso, Trump podría enfrentar investigaciones y mayores obstáculos legislativos durante los dos años restantes de su presidencia. Putin necesita recursos para sostener su guerra. Trump necesita contener los precios antes de las elecciones. Al menos por ahora, ambos intereses parecen haber encontrado un punto de coincidencia, aunque quien termine pagando las consecuencias sea Ucrania.
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