En mayo de 2023 escribí en estas páginas una columna que empezaba con una pregunta: ¿Dónde están los 10 mil millones de pesos que desaparecieron de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex? Han pasado tres años y medio. Nadie ha respondido. El dinero no ha regresado y nadie nos ha dicho dónde está.
Ayer, en estas mismas páginas, Yulia Bonilla publicó en La Razón que la Auditoría Superior de la Federación presentó el 22 de octubre dos nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República por el caso Segalmex. Con ellas suman 13. En sus apenas cinco años de vida, al organismo se le hicieron observaciones por 20 mil 132 millones de pesos, y todavía quedan por aclarar dos mil 164.7 millones.
La nota recuerda que en 2019 no se pudo comprobar la existencia física de mil 496 millones de pesos en maíz y frijol. Que se pagaron 51 millones de más a productores de trigo. Que no se acreditó la recepción de 34 millones de costales ni de más de 87 mil tarimas. Y que en 2020 se pagaron 779 millones bajo el concepto de “complemento” sin justificar por qué. Todo eso pasó en los dos primeros años de un organismo que nació para darle de comer a los más pobres.
Otra falta de respeto de Batres
EXTINTA Y CON CUENTAS PENDIENTES
Segalmex ya ni siquiera existe. El 21 de enero de 2025, el Diario Oficial de la Federación formalizó su desaparición para fusionarla con Diconsa en Alimentación para el Bienestar. Se borró el nombre. Las preguntas siguen ahí. Se creó en 2019, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su misión era que la población de menores ingresos tuviera acceso a la leche y a los alimentos básicos, y que el campo resurgiera. Se le presentó como la heredera de Conasupo.
Al frente se puso a Ignacio Ovalle Fernández, el primer jefe que tuvo López Obrador, cuando trabajó para el gobierno del expresidente Luis Echeverría en los años setenta.
Al inicio de la creación de Segalmex, ya en la administración de López Obrador, muy pronto empezaron los focos rojos. La Auditoría Superior encontró contratos por adjudicación directa, empresas fantasma que servían de intermediarias y entregas que nunca se pudo constatar que hubieran existido. No sólo con la leche: también con el azúcar, la carne de res, el pollo y el cerdo. Hubo incluso una compra de títulos bursátiles por 100 millones de pesos con dinero público destinado a comprar alimentos.
Uno de los escándalos de corrupción que cimbró el gobierno de Enrique Peña Nieto fue la llamada Casa Blanca. Una residencia en las Lomas de Chapultepec, valuada en unos 86 millones de pesos, donde vivía la familia del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Fue uno de los golpes más duros a la credibilidad de aquel sexenio, y con razón.
En los primeros dos años de operación de Segalmex, la Auditoría Superior detectó irregularidades por 15 mil 300 millones de pesos. Con ese dinero se podrían haber pagado más de 170 Casas Blancas. Y eso sólo en dos años.
Ante el escándalo de Segalmex, la respuesta del Gobierno fue minimizar el tema. En junio de 2023, el entonces secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, dijo que el daño era de 9 mil 500 millones y no de 15 mil. El presidente López Obrador aseguró que sus adversarios exageraban.
Aun con la cifra del Gobierno, alcanzaría para más de cien Casas Blancas.
La Fiscalía General de la República señaló como cabeza de la red a René Gavira Segreste, director de Administración y Finanzas, y a Manuel Lozano Jiménez, director comercial. Los dos eran los hombres más cercanos a Ovalle. Pero a Ovalle nadie lo ha tocado ni con el pétalo de una investigación.
Gavira está detenido desde 2023. En mayo de este año, junto con el exgerente de Operaciones Oliverio Pérez y el exdirector de Planeación Miguel Carrillo, fue declarado culpable por abuso de funciones, con una sanción económica de 262 millones de pesos. Para mayo, los detenidos en el caso ya sumaban 27.
¿Y Ovalle? Libre. Sin cargos penales. En febrero de 2022, López Obrador pidió evitar “juicios sumarios” en su contra. Después dijo que a Ovalle lo habían traicionado, que se confió y que lo engañaron. Y cuando dejó Segalmex, no fue a dar a un juzgado. Fue nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en la Secretaría de Gobernación.
En una declaración ante el Ministerio Público, Ovalle admitió que pudo haber firmado la autorización de las inversiones bursátiles, pero sin darse cuenta de lo que firmaba, porque todos los días recibía muchos documentos. Gavira, en cambio, sostuvo que fue Ovalle quien le ordenó hacerlas. Se castigó a los operadores. A quien encabezaba el organismo y a quienes lo protegieron, no.
Éste es un patrón del gobierno de Morena: apostar al olvido en vez de aclarar qué pasó en los casos de corrupción más emblemáticos. Se cambia el nombre de la institución, se acusa a un mando medio, se dice que el monto es menor y se espera a que el tema salga de la conversación pública.
Pero los números no se olvidan. Siguen ahí, en los informes de la Auditoría Superior, con 13 denuncias penales y más de 2 mil millones de pesos que nadie ha podido justificar.
¿Y dónde está el dinero de ese desfalco? Ésa es la pregunta que hice en 2023 y que hoy repito. ¿Dónde está el dinero de Segalmex? ¿En qué cuentas terminó? ¿Quiénes compraron casas, terrenos o empresas con él? ¿Qué campañas políticas se financiaron? ¿Cuánto se ha recuperado de verdad?
Nadie lo ha explicado. Ni la Fiscalía, ni Alimentación para el Bienestar, ni el Gobierno que heredó el caso.
Hace años, haciendo un reportaje en la Sierra de Oaxaca, vi a una madre darle tepache a su bebé de meses. Le pregunté por qué. Me contestó que era para que se le olvidara que tenía que comer y no llorara. Ésa es la gente para la que se creó Segalmex. Ése es el dinero que desapareció.
Los 15 mil 300 millones de pesos con irregularidades que la Auditoría encontró, sólo en los primeros dos años, son más que todo el presupuesto que Segalmex tuvo en 2021, de 11 mil 373 millones de pesos.
Con ese dinero se pudo haber comprado leche, maíz y frijol para las familias que hoy siguen sin comer completo. No se hizo. Y quienes lo permitieron siguen libres.
No basta con la narrativa
