La propuesta de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México ha encendido un debate crucial sobre el derecho a la vivienda y las dinámicas del mercado inmobiliario, y parece que gran parte de la discusión se ha realizado sin haber estudiado dicha propuesta.
En primer lugar, tenemos que señalar que el propio título de la ley resulta ser, ademas de extenso, un título absurdo, pues toda ley, por su naturaleza, conlleva un principio de justicia, niguna ley debería ser injusta, por eso el señalar expresamente que que se trate de “rentas justas”, es un absurdo. Además de lo subjetivo del término, pues lo justo depende de cada parte del contrato.
En nuestra capital donde la gentrificación, el auge de las plataformas de alquiler vacacional y la inflación han disparado el costo de vida, la iniciativa busca establecer topes al incremento anual de las rentas para proteger a los inquilinos, como lo establece el artículo 18, al señalar que no podrá aumentarse la renta por un monto mayor a la inflación determinada por el Inegi el año anterior. Sin embargo, detrás de la buena intención de garantizar vivienda asequible, la implementación operativa y administrativa plantea graves dudas sobre su viabilidad real.
Por un lado, la necesidad de contención social es innegable. Para miles de familias y jóvenes profesionales que destinan más del 40% o 50% de sus ingresos al pago de alquiler, las alzas desproporcionadas representan una amenaza constante de desplazamiento. Quienes defienden la medida argumentan que el Estado debe intervenir para evitar que la vivienda sea tratada puramente como un activo especulativo, garantizando certeza jurídica y estabilidad para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, el enfoque regulatorio propuesto introduce cuestiones burocráticas y presupuestales que podrían resultar contraproducentes. La exigencia de instaurar un registro obligatorio de contratos de arrendamiento entorpece y rigidiza el proceso de alquiler, añadiendo capas de trámite que desincentivan a los propietarios a mantener sus inmuebles en el mercado formal de largo plazo. Lejos de agilizar el mercado, la sobrerregulación suele empujar a las partes hacia la informalidad o reducir la oferta disponible.
A esto se suma una contradicción financiera estructural: la creación de una Defensoría de Relaciones Inquilinarias. En la práctica, el Gobierno de la Ciudad de México carece del margen presupuestal suficiente para fondear, equipar y operar una nueva institución de esta magnitud. Basta mirar la Defensoría de Oficio del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, que actualmente opera con severas carencias operativas, personal insuficiente y rezago procesal. Pretender erigir un nuevo aparato burocrático para la mediación inquilinaria, cuando los órganos jurisdiccionales existentes ya sufren de estrangulamiento presupuestario, resulta financiera y administrativamente inviable.
La propuesta de ley establece cuestiones innovadoras que tendremos que analizar para poder implementarlas de la mejor forma, como es la no discriminación de los arrendatarios, los cuales, aunque en principio son la parte débil de la relación contractual, no lo son necesariamente, pues tambien existen arrendatarios que abusan de su situación para incumplir los contratos de arrendamiento, lo cual analizaremos en la siguiente columna.