Presumimos que en algún momento tendrá que definirse el destino de los 10 acusados por la justicia estadounidense que pertenecían, directa o indirectamente, al gobierno de Sinaloa.
Dos de ellos ya se entregaron. Poco se sabe de quien fuera el secretario de Finanzas, a diferencia de Gerardo Mérida, quien era el titular de Seguridad. Éste último se entregó a los pocos días que se dieron a conocer las acusaciones, está en proceso de negociación.
En algún momento algo tendrá que pasar porque no se puede seguir bajo la misma dinámica como si no pasara nada, por más que la Presidenta exija “pruebas”. Éstas se presentarán cuando los personajes sean detenidos, en tanto el gobierno mexicano recibió la solicitud de detención con fines de extradición, la cual no ha cumplido y por lo que se ve, no cumplirá bajo el argumento de que no hay “pruebas”.
Lo que el gobierno ha hecho es hacer tiempo. EU, por su parte, tiene el tema en su agenda y lo hará valer en algún momento. Que no se hable a menudo de este asunto no significa que esté superado o algo parecido. Más bien, EU lo tiene guardado y en algún momento crítico lo pondrá en definitiva en la mesa.
Lo que ha hecho el gobierno mexicano pareciera confirmar que defiende a toda costa a los suyos. La defensa de Rocha Moya no solamente ha llegado al límite, sino que además lo ha tratado con enorme cuidado hasta para entrevistarlo más que investigarlo. Nunca se supo qué fue lo que les dijo a las autoridades de la FGR en Sinaloa.
La situación en el estado sigue estando fuera de control. Algunos plantean que la razón de ello se debe a que agencias estadounidenses son las que planearon y se llevaron a El Mayo, lo cual dejó una confrontación entre Chapitos y Mayitos que ha provocado la violencia incontrolable que no cesa.
El problema es de fondo y no puede acreditarse al secuestro de El Mayo. En su carta lo dejó claramente establecido asegurando que fue llevado por la fuerza, lo que de alguna manera viene a confirmar que existía una latente confrontación entre los dos bandos.
El Gobierno federal ha sido incapaz de controlar lo que pasa en Sinaloa. Lo que ha hecho ha sido administrar como ha podido el conflicto. La situación es dramática para los habitantes del estado por más que se manden y manden fuerzas federales, las cuales no han podido frenar la violencia cotidiana que tiene en vilo a los habitantes.
Si bien, no se puede circunscribir el conflicto únicamente a lo que ha pasado en los últimos años, es evidente que, con el gobierno de Rocha Moya las cosas se agudizaron profundamente. El Gobierno federal no hizo el más mínimo acuse de recibo el día de las elecciones cuando integrantes del cártel impidieron votar a mucha gente, a la cual en algunos casos secuestraron.
Para el Gobierno federal no pasó nada, más bien fue una jornada electoral ejemplar. Indicios como éste son los que se debieron investigar, porque además este fenómeno no se dio sólo en Sinaloa, sino también en Michoacán y Guerrero, entre otros.
Si el Gobierno federal no se enteró de lo que pasó en las elecciones en estos estados, fue porque no quiso actuar, las demandas fueron canalizadas al TEPJF, el cual desde hace tiempo ha sido cooptado por el oficialismo.
No se sabe nada de Rocha Moya. A veces lo vemos bailando, pero por lo que se ve ni los vecinos se atreven a sacarle una fotografía o algo parecido. El gobierno se ha dedicado a protegerlo, ya hasta le está pagando sus pensiones en un hecho que, si bien se basa en la ley, también es cierto que tiene que ver con una discrecionalidad y un guiño.
La pregunta que se hacen los sinaloenses es la misma desde hace dos años: “¿Cuándo se va a terminar la interminable pesadilla?”. Es evidente que no hay respuesta, será cuando se dejen de pelear como dijo un militar.
RESQUICIOS.
Los líos de Morena por la designación de los coordinadores en Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y otros estados le pueden salir caros, ya se anda hablando de eventuales derrotas.