La Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra en pausa de sus actividades ordinarias, después de que un movimiento estudiantil alzara la voz contra gastos controvertidos y exigiera la mejora de los servicios. Desde hacía semanas, los profesores platicábamos en los pasillos si se justificaba que en la Rectoría General se hubiesen adquirido cinco autos Tesla modelo Y (eléctricos de alta gama por la marca, aunque no los modelos de lujo)
Las y los estudiantes fueron más allá y contrastaron estas compras con el retraso eterno en la apertura de la biblioteca de la UAM-Iztapalapa, con la mala calidad del agua de los bebederos allí y con la suciedad de los baños en varias unidades, entre otros problemas.
Como docente de filosofía del derecho, permítanme exponer un argumento: si los derechos humanos protegen necesidades básicas (comer, respirar aire limpio, moverse), ¿ir al baño no es acaso una necesidad básica? Sí y, por lo tanto, no es una frivolidad exigir baños dignos. En la UAM-Cuajimalpa, que es de reciente creación, estudiantes y profes siempre hemos compartido los sanitarios y, quizá por ello, están en buenas condiciones. No hay baños de primera y de segunda.
Pero los motivos de discrepancia en las universidades públicas suelen ser muy variados. Tengo colegas actualmente preocupados por anuncios recientes del Gobierno federal. Un modelo de universidad presentado por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Dra. Rosaura Ruiz, el 13 de noviembre de 2026, propone tres años de licenciatura, dos de maestría y tres de doctorado. Esta estructura se parece al modelo 3-2-3 europeo de Bolonia (con la excepción de España y su 4-1-4).
En estos días, hay en las redes sociales y en los chats bastantes reacciones negativas hacia la propuesta, llamándola incluso neoliberal. Algunos la consideran un retroceso por la menor profundidad formativa durante la licenciatura, la pérdida de experiencia en investigación y en redacción si se desincentiva la titulación a través de tesis, los riesgos de que baje la calidad, etcétera. Y es que, en algunas comunidades, como en medicina veterinaria, incluso se venía pugnando por aumentar los años de formación en licenciatura, en vez de reducirlos.
La Dra. Ruiz ya impulsaba el modelo 3-2-3 en la UNAM desde 2007, cuando era secretaria de desarrollo institucional. Si la máxima casa de estudios no convirtió la mayoría de sus carreras al modelo 3-2-3 durante los años en que ella impulsó esa política, ¿qué condiciones institucionales y académicas permitirían ahora hacerlo en otras universidades públicas con capacidades y comunidades tan diferentes?
En todo caso, el debate está abierto y, seguramente, la titular de la Secretaría de Ciencia no cometerá el error de tratar de imponer su propuesta a las universidades autónomas. Su larga trayectoria universitaria incluye empatía con los movimientos sociales y sensibilidad frente a los reclamos de las comunidades locales (como se observó en el reemplazo del polémico exdirector del CIDE, Romero Tellaeche).
Las medidas de mitigación del cambio climático o el modelo 3-2-3 tendrán que convencer a jóvenes y profesores, o provocarán resistencia.