GENTE DETRÁS DEL DINERO

Data Centers en México, bajo inspección Trump

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

Un balde de agua helada. El lunes pasado, cuando los mandatarios invitados a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se preparaban para llegar a Shenzhen, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, al mando de Howard Lutnick, difundió una disposición a través de la cual la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) exige licencias para exportación, reexportar o transferir equipos de cómputo avanzado en Brasil, Indonesia, Singapur y Malasia y que alcanza a México, para evitar que las innovaciones lleguen por by pass a China.

La noticia que fue proporcionada en México como primicia en la publicación especializada Hoy en Telecom, que dirige Arnulfo Aguilar, señala a todos aquellos dispositivos que proporcionen acceso a más de 12 millones de unidades de rendimiento total de procesamiento agregado o Total Processing Performance (TPP). El TPP es una métrica de potencia de cómputo combinada disponible para un usuario o empresa. No mide la cantidad de chips existentes en un sitio, sino la capacidad de procesamiento que ofrecen en conjunto a lo largo de su vida útil.

La medida del Departamento de Comercio fue alentada por el Departamento del Tesoro, que ahora encabeza Scott Bessent. Dada la relevancia que reviste para el sistema de pagos estadounidense y para la vigencia del dólar como principal divisa mundial el procesamiento masivo de datos. Por ello se busca evitar que tales herramientas lleguen a China… a la que el embajador en México Ronald Johnson señaló de ser el origen de los precursores para fabricar fentanilo.

En términos tácticos, el control de datos en el sistema financiero estadounidense es la materia prima para detectar movimientos irregulares y/o ilegales que dan origen a las famosas “Listas Negras” a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)… y que a su vez sustenta las decisiones de el subsecretario Christopher Landau, “El Quita Visas”, precisamente para retirar la autorización de entrada a territorio estadounidense, así como para la determinación que hace el Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio de las organizaciones narcoterroristas —sus integrantes y aliados políticos— a fin de incautar bienes y perseguirles extraterritorialmente.

Y si bien aunque México no aparece en la lista de los países sujetos a controles específicos la nueva regulación afectaría a los centros de datos instalados en territorio nacional si ofrecen capacidad de procesamiento superior a ciertos umbrales a empresas con sede en algún país de la categoría “D:5” de controles de exportación estadounidenses, incluyendo Macao y China.

En México hay un poco más de 70 Data Centers con capacidad acumulada de 280 MW y el objetivo para la próxima década es llegar a 1,500 MW. La disponibilidad de esa capacidad es crucial para las aplicaciones de Inteligencia Artificial en los procesos de casi cualquier actividad humana. Pero ahora los Data Centers locales tendrán que verificar quienes son sus clientes y de ser necesario, solicitar el permiso correspondiente al Departamento de Comercio para usar chips y equipos de alta densidad, lo que incrementaría los costos de cumplimiento…

No se pude olvidar que la medida del Departamento de Comercio surge del spy affaire de Jensen Huang que permitía a empresas chinas acceder a chips de última generación de Nvidia desde centros de datos fuera de China. Y que México entra en la mira de nuestro principal socio comercial como lo muestran los audios expuestos por Código Magenta en donde Ross Zhao, gerente comercial de Huawei, presume la preferencia del régimen cuatroteista por su tecnología desde el mandato de Andrés Manuel López… y que ahora se expanden con la venia de José Peña Merino, que encabeza la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Un balde de agua fría… con varios catorrazos en puerta.

Mexicana MRO, fideicomiso sin memoria. La situación financiera de Mexicana MRO, única empresa sobreviviente de la quiebra de Mexicana de Aviación en 2010, atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras se discute la eventual venta de su base de mantenimiento en el Aeropuerto de la Ciudad de México, destinada a generar recursos para cerca de 8,000 extrabajadores, las partes involucradas parecen más interesadas en repartir y ocultar responsabilidades que en reconocer las decisiones y omisiones que llevaron al Taller a su situación actual.

La semana pasada, los administradores de Mexicana MRO confirmaron la existencia de compradores interesados. Sin embargo, cualquier oferta podría resultar muy inferior al valor antes de abril de 2024, cuando aún registraba números negros y debía haberse concretado su venta conforme a la vigencia original del Fideicomiso.

La responsabilidad de esa pérdida de valor recaería en sus administradores… que desde 2019 está en un Consejo presidido ininterrumpidamente por el Sindicato de Pilotos Aviadores, a través Rafael Gutiérrez, cuya gestión comienza a recordar el desenlace de Gastón Azcárraga Andrade cuando tronó Mexicana.

Pero también deben examinarse las actuaciones de las dependencias federales que integran el Comité Técnico del Fideicomiso y concentran la mayoría de los votos, así como de los fideicomitentes con derechos, incluyendo Aeropuertos y Servicios Auxiliares al mando de Carlos Manuel Merino.

Hoy, cuando la venta de Mexicana MRO parece representar una de las últimas oportunidades para recuperar recursos en beneficio de los extrabajadores, resulta imprescindible transparentar su situación financiera, el valor real de sus activos, las condiciones de cualquier operación y el destino de los recursos obtenidos.

Porque un fideicomiso puede cambiar de integrantes, pero no debería borrar la memoria de sus decisiones ni las responsabilidades.

AT&T México, el último tango en París. Los robots AT&T México afanosamente hacen llamadas telefónica a sus ex clientes para cobrar servicios y equipos —muchos de ellos inexistentes— ahora que la administración de Mónica Aspe tiene que levantar el changarro, enviar a Houston de lo que se pueda, así sea quebrantando las disposiciones de la Profeco que lleva Iván Escalante.

Entendió quien vio la obra de Bernardo Bertolucci; quien no, pos no.

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