CARTAS POLÍTICAS

Prosperidad a conveniencia

Pedro Sánchez Rodríguez. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón
Pedro Sánchez Rodríguez. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón Foto: Imagen: La Razón de México

Esta semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su gabinete fueron a APEC para presentar a México como un país de oportunidades para invertir y generar prosperidad compartida.

El gobierno necesita que la iniciativa privada le meta dinero al país para sostener su proyecto.

Guste o no, el obradorismo tiene resultados sociales que presumir. Entre 2018 y 2024, la pobreza pasó de 41.9% a 29.6% de la población: 13.4 millones de personas menos, según el INEGI. Sheinbaum ha procurado conservar la inercia manteniendo los programas sociales y los aumentos al salario mínimo, que podría superar los diez mil pesos en 2027.

Las pensiones y las transferencias han permitido sostener el consumo de las familias y los aumentos salariales han mejorado los ingresos de una parte de la población. El problema hacia adelante es cómo mantener estos avances.

Para sostenerlos, el gobierno apuesta por financiar infraestructura que permita crecer. En el presupuesto aprobado para 2027, los programas prioritarios y la inversión física representan, cada uno, aproximadamente 2.6% del PIB. Para mantener ambos esfuerzos se necesitan ingresos. De ahí los malabares de la SHCP para recaudar más mediante fiscalización y acotando la evasión. Esa estrategia puede aumentar los recursos fiscales, pero sostenerlos requiere crecimiento. De lo contrario, podríamos estar frente a un alza de impuestos al consumo tan pronto como en 2028.

Para fomentar el crecimiento, el gobierno busca atraer inversión extranjera y convencer al empresariado nacional. Ha ofrecido incentivos fiscales, trámites simplificados, facilidades administrativas. El reto es doble porque necesita invertir en lo básico: energía, agua, carreteras, ferrocarriles y puertos, para atraer inversiones en centros de datos, fábricas, servicios.

Hasta ahí, la apuesta tiene lógica. Pero ese mismo gobierno que ofrece facilidades administrativas, también ha impulsado reformas para concentrar el poder y reducir sus contrapesos. Eso ha resultado en un Congreso que funciona como oficialía de partes que facilita empujar la agenda presidencial, un Poder Judicial que asume que defender al gobierno es defender al pueblo.

Para quienes necesitan defenderse por alguna presunta injusticia, el panorama es distinto. Las reformas y el peso político de Morena han provocado un Congreso irrelevante para discutir iniciativas que les perjudican, un Poder Judicial irregular e indescifrable para defender intereses legítimos.

Ahí están los empresarios, pero también los dueños de terrenos y las comunidades donde se construyen los proyectos. La prosperidad compartida supone que todos participen de los beneficios. Si las condiciones dependen de la voluntad del funcionario, de la cercanía política o de una negociación particular, lo que hay es discrecionalidad. Y esa discrecionalidad también puede volverse contra quienes hoy se benefician.

Ahora bien, tampoco hay que comprar la idea de que las empresas sólo invierten donde hay democracia y contrapesos. China y Arabia Saudita reciben inversiones. Las grandes empresas extranjeras saben negociar con gobiernos autoritarios; las mexicanas también. ¿A poco en el México del PRI de los ochenta y noventa se invertía por la independencia del Poder Judicial?

Que haya inversión en esos países tampoco significa que la concentración del poder salga gratis. Las empresas con contactos y capacidad de negociación pueden conseguir garantías que otros no tienen. El problema es que ese arreglo favorece a los grandes y deja al resto dependiendo de decisiones que no controla. Es decir termina beneficiando a los más ricos.

Eso obliga a mirar con cuidado los argumentos empresariales. Coparmex y otras cámaras han cuestionado la reforma judicial. La incertidumbre puede frenar proyectos, y los costos laborales también influyen en su viabilidad. Discutir costos, plazos y productividad es necesario. Dar por hecho que mejorar las condiciones de los trabajadores provoca despidos requiere evidencia, igual que atribuir cualquier inversión que no llega a la falta de certeza jurídica.

Ahí están las dos contradicciones. El gobierno pretende generar prosperidad mientras debilita las instituciones que permiten defenderse de sus decisiones. En el empresariado, la contradicción aparece cuando se reclama certeza jurídica y se rechazan de entrada los costos de compartir los beneficios con los trabajadores. Al gobierno le toca garantizar una justicia independiente. Al empresariado, explicar con cifras cuánto pesan la incertidumbre y los costos laborales en sus decisiones de inversión.

El gobierno necesita que haya inversión para sostener los avances sociales que presume. Los empresarios necesitan condiciones para hacer negocios y ganar dinero. Pero la prosperidad compartida exige que ambos acepten obligaciones: el gobierno, respetar derechos aun cuando limiten sus decisiones; las empresas, asumir que mejorar la vida de sus trabajadores también tiene un costo. Ninguno puede utilizar las fallas del otro como pretexto para evadir lo que le toca.

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