La nueva ley sobre maíz nativo

En materia científica y agrícola, el actual Gobierno adopta posiciones ruidosas en el tema de los OGM (no sinónimo de transgénicos, pues hay organismos modificados genéticamente sin la introducción de genes de otras especies). Pero la alarma por este asunto viene desde el sexenio de Vicente Fox.

El resultado de 15 años de debate es, paradójicamente, leyes que favorecen a la agroindustria global, excluyen a las universidades públicas y que no empoderan a las comunidades campesinas. En efecto, la Ley de Bioseguridad de OGM, de 2005, es tan estricta que impone complejísimos trámites burocráticos a quien pretenda experimentar en viveros, en campo abierto o antes de comercializarlos. Los laboratorios del CINVESTAV, la UNAM o la UAM no pueden pagar a despachos de abogados cada vez que desean probar una semilla intervenida biotecnológicamente (los laboratorios privados sí pueden); por ello, la lucha de los militantes antitransgénicos ha desembocado en una privatización de hecho de la explotación de esos organismos.

Del otro lado, el error de algunos protransgénicos ha sido ignorar lo que en buena parte del mundo ya se acepta: los monocultivos están asociados a la mayor catástrofe ambiental actual en el mundo; más aguda que la crisis climática, esto es, la sexta extinción masiva de especies. Incluso el CEO de Danone, Emmanuel Faber, declaró el 23 de septiembre, en la cumbre de la ONU sobre el clima: “el sistema alimentario que hemos construido durante el último siglo está en un callejón sin salida para el futuro. En esencia, creímos que nuestra ciencia podía cambiar el ciclo de la vida y sus reglas. Pensamos que podíamos diseñar con ingeniería la vida que necesitábamos y matar el resto en los campos. El resultado de los monocultivos está enfrente de nosotros ahora. Dependemos para 2/3 de nuestra comida en este planeta de sólo nueve vegetales. Y 40 por ciento de nuestras tierras ya están degradadas”.

En este contexto, el Senado aprobó la nueva Ley Federal para la Protección y Fomento del Maíz Nativo, que supuestamente obliga al Estado mexicano a preservar esa semilla. En realidad, la carga recae sobre ejidos y comunidades que podrán crear Bancos Comunitarios de Semillas (ya antes podían). Habría sido mejor prever el otorgamiento del certificado “maíz originario”; de esa manera se podría justificar vender ciertas semillas a precios que reflejen su costo. Como explica el productor Bosco de la Vega: las tortillas moradas, por ejemplo, se preparan con una semilla que da 2.3 toneladas por hectárea. Pero el mercado exige 12 o 15 toneladas por hectárea para competir.

La nueva ley es básicamente un documento de creación de un grupo de presión: el Consejo Nacional del Maíz. Habría sido excelente complementar el registro previsto en la Ley de Variedades Vegetales, de manera que tengamos disponible el catálogo de semillas no patentables. En lugar de confrontar a investigadores y comunidades rurales, necesitamos una alianza en defensa del maíz, de la ciencia y del planeta.