Programa Económico 2022: inercia y disciplina fiscal

La semana pasada la Secretaría de Hacienda dio a conocer los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el año 2022, un documento donde propone la estrategia económica del Gobierno. En general, la estrategia planteada tuvo buena aceptación debido a que, si bien tiene ciertos elementos que se cuestionan en materia de impulso al crecimiento, se basa en supuestos macroeconómicos y de ingresos públicos razonables, prudencia en el ejercicio del gasto y estabilidad de la deuda pública.

Por lo que respecta al marco macroeconómico, se anticipa crecimiento con inflación controlada. La estimación del crecimiento del PIB de 4.1% luce ligeramente positiva frente al consenso de analistas de 3%; no obstante, es posible alcanzar la expectativa oficial cuyo sustento se ubica en una perspectiva favorable del crecimiento en Estados Unidos (4.5%), por lo que el motor de crecimiento está fincado principalmente en la demanda externa. En paralelo, los CGPE suponen una inflación de 3.4%, en línea con el pronóstico de Banxico.

En el ámbito fiscal, el planteamiento oficial pretende, por el lado de los ingresos, consolidar los logros en materia de recaudación que se han obtenido en los dos años anteriores. Se anticipa que los ingresos tributarios (ISR e IVA, principalmente) alcancen un equivalente a 14% del PIB, un punto más que en los tres años previos a la crisis. En tanto que para los ingresos petroleros se prevé una ligera disminución debido al supuesto conservador del precio del petróleo (55.1 dólares por barril). Bajo estos supuestos, los ingresos totales del Gobierno federal serán ligeramente mayores (1.3% real) a los que se estiman para este año.

Por el lado del gasto, se estima un incremento similar al de los ingresos (1.5% real); sin embargo, este aumento corresponde principalmente al costo financiero y a las participaciones, y se espera que el gasto programable mantenga su nivel respecto del ejercido en este año.

Es interesante el hecho de que, frente al mismo tamaño del pastel, al interior del gasto se insista en la reorientación en favor de las prioridades de la actual administración, que son el mayor gasto en programas sociales y para el cumplimiento de las grandes obras públicas de infraestructura y transporte. La gran duda es si el gasto en inversión, ya de por sí insuficiente (alcanzará 3.5% del PIB en 2022), puede verse disminuido frente algún imprevisto y, en consecuencia, afectar el crecimiento económico.

Se pretende un déficit ampliado (requerimientos financieros del sector público) menor al de este año (3.5% versus 4.2% del PIB). Asimismo, se anticipa un pequeño déficit primario (balance público menos el costo financiero) de 0.3% del PIB; es decir, que se pretende un moderado impulso a la economía. La deuda del sector público medida como porcentaje del PIB se mantendría en 51%.

Es difícil lograr una calificación plena al programa económico para el año siguiente, pues dependiendo del ángulo donde se observe es que se asignan los pros y contras. Por un lado, la prudencia manifiesta en la disciplina fiscal da certidumbre, pero también aparece como una estrategia con un tinte inercial, lo que no soluciona los problemas estructurales de las finanzas públicas. Finalmente, los riesgos son evidentes en tanto que el programa es optimista en los supuestos de crecimiento económico e ingresos.