Promesas y realidades

Tiempos electorales, tiempos de reflexión, de diagnóstico, de resaltar logros, errores y pendientes, todo ello dependiendo de qué lado de la contienda se ubique el discurso proselitista.

Pero también se exponen proyectos de país que involucran una cantidad bastante generosa de propuestas tendientes en primer lugar, a ganar la preferencia de los electores, y en segundo término a dar forma al proyecto de país que perfila cada una de las opciones políticas.

Confirmo este orden de importancia de ambos objetivos de las propuestas, porque a la luz de lo visto en las distintas campañas electorales pareciera que el monto y dimensión de algunas propuestas no vislumbran las limitaciones presupuestales a las que va a tener que enfrentarse en los años próximos.

La cantidad de promesas y propuestas es generosa, ambiciosa y en algunos casos parece ser inalcanzable. Sólo pongo como ejemplo dos de ellas: dar 120 mil pesos a cada joven de este país para realizar su proyecto personal; y/o, reducir a 60 años la edad mínima para acceder a la pensión de adultos mayores. Sin entrar en detalle, cualquier análisis financiero y sociodemográfico puede demostrar la inviabilidad de estas propuestas.

¿Por qué decir que son inalcanzables algunas propuestas? Básicamente porque ignoran la situación fiscal del sector público. Como hemos apuntado en este espacio, la expansión fiscal propuesta para este año por la actual administración con un déficit de 5.9% del PIB, implicará un fuerte ajuste en el gasto para el próximo gobierno.

Esto ha quedado muy claro en las estimaciones oficiales, se reconoce que la próxima administración deberá realizar una importante disminución en el gasto de 8.8% real llevándolo a un nivel de 24% del PIB en el 2025, desde 26.9% para este año, ello con el objetivo de alcanzar un déficit de 3% del PIB y mantener el nivel de la deuda pública amplia.

Se trata de un ajuste al gasto de dimensiones importantes (2.9 puntos porcentuales del PIB). Se pretende disminuir las erogaciones públicas en términos nominales casi 489 mil millones de pesos (mmdp). Si bien se argumenta que una parte del gasto en proyectos prioritarios (Tren Maya, obras de Conagua, comunicaciones y transportes, otros trenes, etc.), serán finiquitados en este mismo año y no representarán una carga en el 2025, según el reporte oficial, estos gastos ascienden aproximadamente a 240 mil millones de pesos (0.7 pp del PIB), por lo que el ajuste en las erogaciones fuera de estos conceptos sigue siendo significativo equivalente al mismo monto.

A esta necesidad del ajuste fiscal por casi un punto porcentual del PIB se suma el optimismo sobre el crecimiento económico para el año siguiente, Hacienda propone un avance de 2.5% del PIB, premisa que está por arriba del consenso de analistas de 1.8%. Si éstos últimos tuvieran razón, la presión fiscal podrá ser mayor ya que el menor crecimiento disminuye la recaudación de ingresos tributarios.

En este sentido, crear expectativas sobre propuestas que no toman en cuenta la realidad de las finanzas públicas las convierte sólo en deseos y falsas promesas, no en proyectos viables. A la fecha, es un imperativo considerar cabalmente las presiones sobre el gasto público. Desafortunadamente, ninguna de las dos opciones políticas relevantes propone una reforma fiscal que recupere la capacidad de ingresos del gobierno. Así, hay que tener cuidado al evaluar las iniciativas de campaña; hay que evaluarlas cuidadosamente para no caer en falsas ilusiones. Más adelante detallaremos cada una de las opciones.