El derecho a decidir

Hasta hace muy poco, una mujer, por ejemplo, de Coahuila, que hubiera decidido interrumpir su embarazo, podía pasar de uno a tres años en la cárcel.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo, y reconoció su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Éste ha sido un fallo histórico en México.

La criminalización del aborto es competencia local, sólo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Hasta el día de ayer, cualquier mujer que quisiera abortar hubiera podido ir a la cárcel, aunque hubiera sido violada.

Ayer, por unanimidad, los ministros del pleno de la SCJN invalidaron de las normas en Coahuila sobre la interrupción del embarazo que indican: “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo (artículo 195, Código Penal de Coahuila)”, y que: “se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella (artículo 196, Código Penal de Coahuila)”.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, llamó “a reconocer de una vez por todas el derecho fundamental de la interrupción del embarazo”. Y aclaró que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales se ha considerado al producto de la gestación como una persona en sentido jurídico susceptible de ser titular de derechos humanos, por lo que no se está frente a derechos humanos de dos personas.

Durante la sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó de forma clara lo que debe significar despenalizar el aborto voluntario: “que no implica fomentar su práctica, sólo conlleva a no criminalizar a la mujer que así lo decida”.

Y es precisamente lo que muchas exigen, porque, como la misma ministra lo detalló, la criminalización del aborto pone en peligro la salud y la vida de las madres, por no tener una atención médica adecuada.

Y es verdad, nadie está fomentando el aborto, lo que se hace con esta decisión unánime de los ministros de la Corte es que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo.

Y es que nadie, ni hombre ni otra mujer, debe tomar decisiones tan personales como tener o no un bebé.

No existen cifras oficiales, pero diversas organizaciones civiles estiman que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos cada año.

Esquivel Mossa explicó que los temas que involucran los derechos humanos de las mujeres deben juzgarse con perspectiva de género, para detectar posibles situaciones de desequilibrio de poder entre las partes y visibilizar el contexto de violencia o discriminación.

Decisión histórica

Para ella, pensar que penalizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es una solución, atenta contra el principio de mínima intervención penal, el cual se manifiesta en dos vertientes: la primera, relativa a que el derecho penal no es el único instrumento para proteger todos los bienes jurídicos.

Y la segunda: obliga a que el derecho penal sólo se aplique de manera subsidiaria, es decir, cuando otros medios de menor severidad, no hayan tenido éxito para desalentar la conducta.

Considera que el derecho a la dignidad de la mujer se concreta en tres dimensiones de su autonomía: económica, en la toma de decisiones y física. Estas dimensiones se traducen, finalmente, en su dignidad y autorrealización.

Desde abril de 2007, la Ciudad de México permite la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas de gestación. En Oaxaca ocurre desde 2019, mientras que en Hidalgo y Veracruz es a partir de este año.

Hasta junio de este año, la despenalización en estas entidades permitió que más de 240 mil mujeres pudieran practicarse un aborto de forma segura en los servicios públicos.

Mientras que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reporta que más de 72 mil mujeres de todo el país han viajado a la capital para acceder a un aborto desde 2007.

Lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia abre la puerta para que sean analizados los códigos penales en los otros 26 estados, ya que un aborto tiene diversas causales y no sólo por violación sexual, la única vigente en todo el país según la NOM 046 y la Ley General de Víctimas.

Sin embargo, hay otras entidades que deben garantizarlo por alteraciones genéticas, inseminación artificial no consentida o porque el embarazo pone a la persona en peligro de muerte, o simplemente, y así debería de ser, porque la mujer lo decidió.

Lo cierto es que los recursos destinados para un aborto seguro son contradictorios en la república mexicana, pues este año destinaron más dinero a las entidades que sólo cuentan con la despenalización por la causa de violación sexual, de acuerdo con la información en los convenios de ministración de subsidios destinados a acciones de salud pública, firmados entre la Secretaría de Salud federal (Ssa) y gobiernos estatales.

De acuerdo con esos datos, hubo un incremento entre 2020 y 2021, al pasar de 33.1 millones a 35.9 millones de pesos. En 23 estados las transferencias a este rubro aumentaron entre 16 y 202 por ciento, este último caso fue para Baja California Sur. Mientras que en Oaxaca e Hidalgo, las transferencias federales crecieron 32 y 38 por ciento, respectivamente.

En tanto, nueve entidades recibieron menos dinero por parte de la Federación, entre ellas la Ciudad de México, a la que le redujo en 85 por ciento los recursos, y en Veracruz, 29 por ciento.

Un gran acierto y progreso el que se ha dado en la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ojalá se siga avanzando para que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo se aplique en todos los estados de la república. Reitero, esta resolución no es para fomentar el aborto, sino para darle derecho de decisión a las mujeres embarazadas.