¿Quién encubre el asesinato de Mariana?

El caso de Mariana Sánchez, la joven doctora asesinada en un hospital de Nueva Palestina, en la zona zapatista de Chiapas, sigue enredándose. Ahora ha sido detenida la directora del hospital, a quien Mariana le dijo durante meses que estaba recibiendo amenazas y que solamente cambió de turno al agresor. El asesino sigue libre. ¿Qué se esconde detrás de este terrible crimen?

Mariana era una estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, tenía 24 años y desde hace cinco meses realizaba su servicio social en una clínica rural en la comunidad de Nueva Palestina.

La joven llegó en agosto de 2020 y con el paso del tiempo comenzó su calvario. Una noche de noviembre, un compañero que la acosaba constantemente llegó borracho, entró por la fuerza a su habitación y abusó de ella.

Mariana acudió a la policía y levantó una demanda por acoso y abuso sexual. También pidió ayuda a su universidad para que la cambiaran de hospital; nadie le hizo caso.

El pasado 28 de enero, su cuerpo sin vida fue encontrado en su dormitorio.

De inmediato, las autoridades locales se deslindaron y dieron carpetazo al asunto: “Muerte por asfixia secundaria por ahorcamiento. Sin signos de violencia ni agresión sexual”, señaló el informe del forense.

La madre de Mariana ha declarado que no se le permitió ver el cuerpo de su hija y se cremó lo más pronto posible, sin su consentimiento.

Y es que las autoridades de Chiapas quieren que este trágico hecho se cierre lo más rápido posible, la razón: no quieren problemas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN.

Lo hemos visto una y otra vez con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, simplemente se lavan las manos en los temas que les generan conflicto.

Desde 1994, Ocosingo se convirtió en una de las localidades ocupadas por el EZLN; de hecho, en ese municipio se vivió unos de los episodios más violentos del levantamiento Zapatista, “La batalla de Ocosingo”, en el que murieron varios soldados y zapatistas.

Pero para “respetar” la autonomía Zapatista se han dejado sin investigar casos de mujeres asesinadas.

El caso de Mariana ha causado indignación en todo el país, es por eso que los pasantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas han alzado la voz para exigir un alto a este tipo de violencia que se repite, de una u otra forma, en varios estados de la República.

En un pliego del 2 de febrero, el alumnado pidió a Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, que atienda las deficiencias en las clínicas federales y estatales a las que acuden para su servicio social.

Y es que miles de jóvenes doctores acuden a comunidades para hacer su servicio social, pero las condiciones en las que lo hacen son inhumanas y muchas veces los ponen en peligro.

Médicos claman justicia

¿No debería el estado salvaguardar la seguridad de estos jóvenes, que están exponiendo su vida, para darle un servicio a la comunidad?

A Mariana, a pesar de sus denuncias, nadie la protegió. Fue la crónica de una muerte anunciada.

A esto se suma la indignación por las palabras del docente y ginecólogo Héctor Alonso Álvarez Chang, maestro de la universidad donde estudiaba Mariana, quien días después del feminicidio, en un video dijo: “Le daban chance porque no había a quién abrazar, pero a mí me tocaban las mujeres… Y las mujeres le cerraban el ojito al maestro, le sonreían y ya sabes, ¡y luego dicen, ¿por qué las matan?!”, comentó.

El docente, que era director de la materia de obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, ya fue destituido.

Hace unos días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que tienen conocimiento de todas las irregularidades que se han cometido y que reunirán un equipo federal, encabezado por la Segob, para ayudar en la investigación, y también hizo un llamado a las autoridades de Chiapas para que agilicen la investigación, aunque dijo que en todo momento respetarán la autonomía de las autoridades estatales.

Siempre se escudan en la autonomía de las fiscalías estatales para no hacer nada y, por ejemplo, la Fiscalía de Chiapas se excusa que el asesinato de Mariana ocurrió en territorio Zapatista.

Han pasado varios días y no hay avances claros en el caso, mucho menos culpables.

Ahora, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su titular, Rosa Icela Rodríguez, ha exigido al gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado esclarecer el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos.

La dependencia federal envió a la entidad a una comisión integrada por personal de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para apoyar la investigación y hacer recomendaciones específicas a las autoridades responsables del caso.

Ojalá se logre esclarecer el caso de Mariana, por ella y por las 70 mujeres que fueron asesinadas en el estado de Chiapas y por las 460 víctimas de violaciones sexuales tan solo en 2020.

De estos asesinatos sólo 29 se indagan como feminicidio y son pocos los resultados que hay de estas investigaciones.

Hay que poner en contexto las cosas, en agosto de 2020 un grupo guerrillero autodenominado Ejército Revolucionario Indígena (ERI) se autoproclamó en las montañas de Ocosingo y, en su “primera declaración de guerra” al Gobierno de López Obrador, le exigió el retiro de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano del estado.

El grupo guerrillero está integrado por indígenas campesinos, cafetaleros, transportistas, mercados, motociclistas, radiodifusoras y comerciantes en general.

De acuerdo con el ERI, no permitirán gobiernos institucionales, sólo el Consejo Plural y Étnico de Autogobierno Indígena, que gobernará según sus usos y costumbres.

Hoy las autoridades, particularmente de Chiapas, no quieren confrontarse con estos grupos, aun si es para esclarecer un asesinato.