L-12 y el control de daños

Hoy se cumple un mes de la tragedia de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México que mató a 26 personas, dejó heridas a decenas más y degradó la vida de al menos 220 mil usuarios del transporte público en el suroriente de la capital nacional, condenados a invertir más horas en trasladarse que en producir y vivir.

El colapso de un tramo del paso elevado de la L-12 originó muchas reacciones y especulaciones. La línea de tiempo desde que su construcción hasta el día del mal llamado “incidente”, cruza tres administraciones locales. Las de Ebrard, Mancera y Sheinbaum.

En los extremos de esa cadena sucesoria hay dos alfiles visibles para la sucesión en 2024. En el centro, un político disidente del grupo que manda y durante cuya gestión ocurrieron los terremotos de septiembre de 2017.

La sospecha pública apunta a tres blancos posibles. El origen, la revisión o el mantenimiento. En la obra de la L-12 abundan quiebres y enredos, desde la mezcla de constructoras hasta la renta de trenes, su compatibilidad, su desviación presupuestal y el apremio político por su inauguración, trascendencia e impacto.

En el medio está quien recibió la obra, la clausuró, corrigió y reinauguró. Rompimiento político intencional. Con los sismos, el miedo por posibles daños estructurales se atajó con intervenciones puntuales. La bitácora de la revisión integral y la garantía de su óptimo estado gravitan en ese eslabón.

Al final, el Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum carga con la responsabilidad de demostrar que la austeridad no impactó en la seguridad del Sistema de Transporte Colectivo más importante de América Latina.

A un mes de la tragedia de la L-12, el análisis de ingeniería forense contratado por el Gobierno de la CDMX a la empresa noruega DNV no arroja resultados. El apoyo de especialistas nacionales no ha generado ninguna información. El tramo subterráneo de la Línea Dorada sigue sin operar. El remedio temporal de un sistema de Metrobús improvisado es insuficiente.

El mayor avance en estas semanas ha sido apagar el fuego político. Hasta hoy nadie ha sido desaforado, nadie solicitó licencia ni renunció. Los señalamientos directos o inducidos bajaron de nivel.

La Comisión Permanente del Congreso congeló en los hechos cualquier envión legislativo por crear comisiones especiales que servirán como jurados políticos para condenar o exonerar a los notables señalados por vox populi. Las probabilidades de que el peritaje apunte a personajes incógnitos, crece. El nerviosismo de grandes constructoras se mantiene. La tentación política es factor, y lo saben.