Fútbol, género y competencia económica

El día de ayer, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hizo pública una millonaria multa en contra de la Federación Mexicana de Fútbol, de 17 clubes del balompié nacional y de ocho personas, en un hecho sin precedentes, tanto por los motivos de la sanción, como por los entes involucrados.

Los clubes sancionados –en orden alfabético, mas no de títulos obtenidos– son: América, Atlas, Chivas, Cruz Azul, León, Mazatlán (antes Morelia), Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Querétaro, Santos, Tigres, Tijuana, Toluca… y hasta el Atlante.

Si bien, con el dictamen, también se abre un periodo para que los implicados soliciten la revisión de la multa o se amparen en contra de la misma, en conjunto habrían de pagar un total de 177.6 millones de pesos por haberse coludido, para evitar o inhibir la competencia en el mercado de fichajes de jugadores y jugadoras de fútbol en los últimos años, mediante dos conductas que atañen a cuestiones laborales y de equidad de género.

Una de las conductas señaladas fue fijar topes salariales en la liga femenil en el periodo que va –al menos– de 2016 a 2019, con lo que se eliminó casi cualquier oportunidad de las jugadoras de buscar una mejor remuneración o mejores condiciones laborales. No sólo eso, lo que resulta tanto o más grave, son los montos máximos fijados, pues se establecieron 2 mil pesos mensuales para las jugadoras mayores de 23 años; 500 para las menores de 23 y salario nulo para las categorías sub-17.

Se trata, pues, de montos insultantes para cualquiera que desempeñe una actividad a cambio de una remuneración. Pero resulta mucho peor, si se le compara con los sueldos de un jugador promedio, lo que profundiza dramáticamente la brecha salarial de las jugadoras –meramente por razón de género– y merma cualquier intención de alcanzar un desarrollo equitativo de la liga femenil.

La segunda conducta señalada corresponde al añejo y conocido “pacto de caballeros”, un acuerdo informal entre clubes —supuestamente en desuso— que, al menos de 2008 a 2018, restringió la movilidad laboral de los jugadores, una vez concluidos sus contratos, al impedirles negociar directamente con el equipo que más les conviniera y obligarles a contar con el aval de su “patrón” anterior, el cual normalmente solicitaba alguna compensación económica por parte del nuevo club interesado en sus servicios. Esto, por supuesto, generó que en incontables ocasiones las negociaciones se cayeran, en detrimento absoluto del jugador.

Cabe resaltar que, incluso antes del periodo señalado, dicha práctica ha sido públicamente conocida. Es más, se pueden encontrar innumerables referencias al respecto, en los registros de cualquier medio deportivo, pues ha resultado motivo de conflicto entre clubes y jugadores en diversos periodos de contrataciones. En este sentido, llama la atención que sea hasta este momento cuando la Cofece decida intervenir en el asunto, finalmente.

Con todo, es de celebrarse que una esfera tan poderosa y en la que intervienen tantos intereses, de una u otra forma, también deba constreñirse al ámbito legal. Un verdadero golazo.