Nuestro Instituto Nacional Electoral

L a cultura democrática de nuestro país se ha construido sobre el principio de la desconfianza, uno de los principales motivos por los que llevar a cabo elecciones en México es tan caro y complejo.

Pero ese mismo principio ha provocado que los procedimientos y mecanismos de operación —muchas veces abigarrados en extremo— sean tan minuciosos, que han dotado de enorme confiabilidad y certidumbre la organización de elecciones, lo que le ha ganado al Instituto Nacional Electoral —y al otrora IFE— ser un referente a nivel internacional, al grado de que ha colaborado en el diseño de los sistemas electorales de otras naciones y, constantemente, es consultado para exponer la forma en que lleva a cabo sus procedimientos.

Llegar a la forma que actualmente tiene nuestra autoridad electoral, ha tomado décadas de interminables debates y del esfuerzo de muchas personas que dedicaron o han dedicado su vida, primero, a construir una institución confiable encargada de dotar de certeza y confiabilidad la organización de elecciones en nuestro país y, luego, de perfeccionar su funcionamiento cada que —naturalmente, tras la evolución y consolidación de nuestra endeble democracia— nuevos retos o circunstancias no previstas lo han ameritado.

Las grandes reformas en materia electoral en México han sucedido inmediatamente después de ciertas elecciones presidenciales —imprescindible recalcarlo— que, en su momento, pusieron de manifiesto fallas o vacíos legales que resultaba imperativo enmendar. Esas modificaciones han contribuido a generar procedimientos y procesos más robustos, aunque, en ocasiones, también más complejos y difíciles de operar.

Por otro lado, no es casualidad que sea justo después de una elección presidencial, cuando se llevan a cabo las reformas, pues ello ha permitido que los ajustes realizados se pongan a prueba en una elección intermedia, con la fundamental intención de ubicar cualquier área de oportunidad en los nuevos procesos para que, llegado el momento de la siguiente elección presidencial, el embalaje institucional esté perfectamente ajustado y aceitado.

Hoy está sobre la mesa la discusión de una propuesta de Reforma Electoral muy riesgosa, pues, contrario a las que han antecedido, propone aspectos completamente regresivos y centralizadores, que tiempo atrás fueron enmendados y superados, y que no hay lógica en tratar de instaurarlos nuevamente.

Adicionalmente, se pretende que surta efectos para la elección de 2024, lo cual —además de no dar ningún margen de maniobra de poder ponerla a prueba antes de implementarla directamente en una elección presidencial—, la dota de un dejo de desconfianza pues, más que una reforma necesaria, tiene toda la apariencia de una reforma a modo para el Gobierno en turno.

No cabe duda de que varios procedimientos del INE pueden mejorarse. Pero su operación, en gran medida, funciona, y funciona muy bien. La propuesta de reforma que se discute, mina el actual funcionamiento del INE y, por ende, atenta directamente contra la historia democrática de este país, nada menos que eso.