Paradoja de austeridad y combate a la corrupción

El discurso de Andrés Manuel López Obrador, desde su larga campaña política extendida por años y luego convertida en gobierno, ha tenido dos ejes fundamentales: austeridad y combate a la corrupción.

Ya como gobierno formalmente instalado, ambos ejes se han mantenido como las principales motivaciones de toda política, programa y decisión impulsadas por Andrés Manuel. Bajo estos estandartes ha tomado algunas de las decisiones más significativas —a la vez que controvertidas— de su administración.

Antes de iniciar su gestión, anunció la cancelación de las obras del aeropuerto construido en Texcoco y la reducción de sueldos y eliminación de diversas prestaciones de funcionarios públicos —decisiones concretadas ni bien inició su gobierno.

Luego, fueron el principal motivo para suprimir instituciones —como al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación—, recortar plazas a lo largo y ancho de la Administración Pública Federal y llevar a cabo importantes reducciones presupuestales —como al Instituto Nacional Electoral—, sin importar que con ello se pusiera en entredicho el funcionamiento de las dependencias.

Así, a lo largo de algo más de tres años de gestión, se cuenta la suspensión de diversas licitaciones —como para la compra de medicamentos o el abasto de combustible— y la eliminación de becas deportivas, de estímulos académicos, culturales y de difusión artística y de programas sociales —como el Seguro Popular. Decisiones, todas, tomadas bajo los mismos argumentos: austeridad y combate a la corrupción.

En días recientes, se hizo pública una investigación a cargo de Latinus y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en la que se refiere la forma de vida de José Ramón López Beltrán —hijo de López Obrador—, radicado en Houston, Texas. Y el hecho de que habitó una casa propiedad de un alto funcionario de Baker Hughes —uno de los principales contratistas de Pemex en lo que va de la presente administración.

A partir de entonces, las declaraciones de López Obrador y sus funcionarios han sido erráticas —por decir lo menos— en el intento por minimizar o desmentir los señalamientos. Desde la descalificación en contra de los medios responsables de la investigación, hasta la explicación sobre el volumen y monto de los contratos de la citada firma que suman más de 20 mil millones de pesos en lo que va del sexenio.

A ello se agrega un potencial conflicto diplomático con España —a raíz de una declaración presidencial— que, para muchos, no es más que una cortina de humo ante el escándalo. Todo fuera tan sencillo como ajustarse al discurso repetido una y otra vez: austeridad y combate a la corrupción. ¡Qué paradoja!