Recortes con la misma tijera

Para nadie es secreto que a la actual administración le causa malestar y conflicto tener que lidiar con contrapesos institucionales y estar a expensas de determinaciones de poderes u organismos autónomos a los que no puede controlar.

En esta ocasión tocó el turno al Poder Judicial, contra el que el Presidente enfocó su mira, tras diversas desavenencias provocadas por decisiones que han ido en contra de sus designios y que, ante la imposibilidad de doblegarlo por la fuerza, una vez más recurrió a un mecanismo indirecto, pero efectivo y certero: cerrar la llave de los recursos para su operación.

Colocar en el imaginario público que el Poder Judicial es suntuoso y que goza de privilegios innecesarios es un discurso suficientemente aceptado y fácil de vender. Es así que se puso sobre la mesa la extinción de 13 fideicomisos, que involucran unos 15 mil millones de pesos, además de la intención de aplicarle un recorte presupuestal superior al 30% para el próximo año.

Cabe resaltar que los fideicomisos son instrumentos financieros completamente legales que, entre otros propósitos, buscan asegurar —hasta donde es posible— el destino de determinados recursos y evitar que se utilicen para fines distintos a los previstos. Por otro lado, pretender corregir el funcionamiento de todo un aparato por medio de recortes generalizados, es una verdadera vacilada, más aún, la medida se aplica sin ningún análisis de por medio y sin distinguir el propósito de cada uno de esos fondos.

De los fideicomisos en cuestión, una parte incluyen recursos aportados por los propios trabajadores para retiros, cesantías o jubilaciones específicamente de mandos medios y personal administrativo. Otros más involucran recursos para servicios de atención médica especializada que el ISSSTE no tiene capacidad de proporcionarle al mismo grupo laboral anterior. Y en un último grupo se incluyen las economías presupuestales que se convierten en beneficios directos exclusivos —ahí sí— para mandos superiores del Poder Judicial y que, originalmente, provienen de recursos públicos.

Estos recortes se equiparan a las medidas de inicios de sexenio con las que, a rajatabla, se redujeron tabuladores salariales y se eliminaron seguros de gastos médicos mayores y fondos de ahorro de manera generalizada, sin considerar el nivel salarial del personal afectado. Y por lo que respecta a éstos y otros fideicomisos extinguidos a lo largo de esta administración, a ciencia cierta, nadie sabe adónde han ido a parar los recursos recolectados.

Como era de esperarse, la medida provocó protestas a lo largo y ancho del país en los últimos días y, ayer mismo, se inició un paro nacional. Pero vale recalcar que quienes han participado en las diversas protestas ha sido el personal afectado —la base laboral de todas estas instituciones y cuya realidad cotidiana dista mucho de ser una de privilegios—, mas no jueces, magistrados o ministros, hacia quienes, en principio está dirigida la medida.

Por lo pronto, la extinción ya fue aprobada por la Cámara baja y fue turnada al Senado, para su discusión y votación. Veremos hasta dónde llega esta irresponsable medida.