El reformador

En el último suspiro de la actual administración, el lunes pasado el Presidente presentó un paquete de reformas constitucionales y legales —en el marco y a manera de una personalísima conmemoración de la promulgación de nuestra Carta Magna— con las que pretende dar por concluida su gestión. 

Se trata de dieciocho reformas constitucionales y dos legales que, independientemente del acto en sí de haberlas presentado, no dejan de llamar la atención por el momento en el sexenio en que las propone y por la complejidad que conllevaría la discusión respectiva, como si —en vez de implicar años de negociaciones para lograr materializarlas— con una plática de café entre las distintas fuerzas políticas fuera suficiente para sacarlas adelante.

Todo ello, sin mencionar las eventuales implicaciones que podrían suponer en ámbitos de la vida pública tan amplios y diversos como el político, electoral, laboral, económico, educativo, judicial, regulatorio y social. Pero, sin intenciones de entrar al fondo de cada una de ellas, vale la pena reflexionar sobre las verdaderas motivaciones detrás de su presentación.

Podría pensarse que se trata de un guiño hacia quien habrá de sucederlo en el cargo sobre la agenda que habrá de adoptar en cuanto se dé el cambio de estafeta. Esto, bajo el supuesto de una eventual victoria de su candidata y de que —verdaderamente— no tenga intenciones de imprimirle un sello propio a su gobierno y a sus decisiones.

Lo que sí queda muy claro es dónde está su mente y corazón. Como si subsistieran dudas todavía, queda en absoluta evidencia la enorme incomodidad que le implicó lidiar durante su sexenio con instituciones que, por definición, resultan mucho más complejas de doblegar y someter a sus designios. Para muestra están la serie de reformas que pretenden desaparecer diversos órganos constitucionales autónomos.

Por otro lado, con el anuncio, es evidente que el Presidente busca determinar —una vez más— la discusión y la agenda, no sólo pública, sino también legislativa, en un momento político en el que difícilmente las reformas presentadas —al menos, las verdaderamente relevantes y de gran calado— podrían ser aprobadas porque, desde las elecciones intermedias, no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para impulsar sus reformas y porque, simplemente, la mente y esfuerzos de la amplia mayoría de quienes integran al Legislativo están en lograr brincar a las posiciones políticas de —cuando menos— el siguiente trienio.

Por tanto, no se puede dejar de ver como una jugada más con la que —fiel a su estilo— el Presidente busca tener injerencia adicional en un proceso electoral completamente sui géneris y en donde la violación sistemática de las leyes electorales ha sido una constante.

En este sentido, no debemos perder de vista que estamos en medio de año electoral —como si alguien pudiera pasarlo por alto, con estas largas e interminables campañas que, dicho sea de paso, ni siquiera han iniciado oficialmente— y que cualquier acto político tiene como destinatario último el electorado que habrá de acudir a las urnas el 2 de junio próximo.