Maquillando cifras

Brenda recibió la primera llamada a principios de este 2023; del otro lado de la línea un joven se identificó como trabajador de Locatel.

–¿Es usted hermana de Marlen Álvarez? Tenemos el registro de su desaparición el 21 de marzo de 2016.

–Sí, es mi hermana, le respondió Brenda al operador.

El joven le consultó a Brenda si Marlen había aparecido o seguían buscándola.

–Joven, a mi hermana la encontramos el mismo día en que reportamos su desaparición. No sé qué información tenga en su registro, pero lamentablemente la encontramos sin vida. Fue víctima de un feminicidio.

El joven se disculpó y luego le pidió a Brenda que reportara la localización de su hermana a un teléfono de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas. Colgaron.

Hace unas semanas volvieron a llamarle de Locatel, con las mismas preguntas. Nuevamente Brenda informó que Marlen fue hallada sin vida hace siete años.

Esta vez, le manifestó al operador su extrañeza no sólo por el tiempo que ha pasado, sino también porque es de suponer que las autoridades tienen un registro claro de los asesinatos y si éstos corresponden a personas que tenían una alerta activa de desaparición. El operador no respondió los cuestionamientos, se disculpó por el inconveniente y también colgó.

Lo anterior no es un caso aislado, me cuentan fuentes relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas que incluso podría tratarse de algo muy grave.

Me explican que los protocolos legales de búsqueda de personas desaparecidas señalan que para dar de baja una alerta se tiene que hacer todo un informe de localización. En algunos casos, incluso se hace necesario presentar una prueba de vida.

Sin embargo, las autoridades locales están palomeando y bajando de sus registros de desaparición con sólo una llamada telefónica. Es decir, depurando las listas como si tuvieran prisa por bajar los números.

¿Quién dio la orden de desactivar registros de desaparición a telefonazos y se pasó por el arco del triunfo los protocolos oficiales? Esta metodología, me aseguran, se intenta replicar a nivel nacional.

Esto desde luego se presta para suspicacias en una ciudad con casi 10 mil casos de desaparición en los últimos cinco años, aunque hay cifras que hablan del doble. La capital del país es la segunda entidad con más personas desaparecidas, sólo después de Jalisco. 

Es un fenómeno que, no sólo no ha sido atendido, sino que quizás se está ocultando con miras a presentar informes en los que los desaparecidos aparenten no ser una crisis y sean números optimistas.

En el baúl. El Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se está quedando sin psicólogos que apoyen a las víctimas. Así lo denuncian personas que eran atendidas por estos especialistas que han sido despedidos bajo el argumento de “recortes por austeridad”. En Adevi, los psicólogos brindan servicios en temas diversos como crisis familiares, duelo, tortura y secuestro.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!