Modus operandi

La Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria le siguen la pista a 3.3 millones de pesos que el Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo se clavó en 2018. Así de simple.

¿Es mucha lana? Parecería que no, el asunto es el modus operandi que, me cuentan, existe en los partidos políticos para meterse esos cambios, esas pequeñas propinas, esa morralla del presupuesto público que pagamos entre todos.

Le cuento. Resulta que, en 2018, cuando el PRI nacional era comandado por Claudia Ruiz Massieu, el PRI de Quintana Roo era liderado por un político tricolor morelense de nombre Francisco Moreno Merino.

Fue entonces que el PRI estatal firmó nada menos que 46 pólizas por servicios de seguridad y vigilancia con dos empresas: “La calidad habla por nosotros” y “Asesoría, capacitación y manejo de personal”.

¿Cuánto pagaron por esas pólizas? Ya le digo, tres millones 322 mil pesos que, para los niveles de recursos que manejan los partidos pudiera parecer poco y quizás por eso alguien pensó que nadie les pondría lupa a esos contratos. La realidad es que sí.

Una auditoría externa detectó inconsistencias en los servicios contratados y al echarse un clavado en los documentos encontraron que no podían localizar a los representantes legales ni accionistas de los proveedores.

Tampoco se localizaron las oficinas de las empresas; muchos menos se pudo acreditar la relación laboral entre personas físicas —que supuestamente prestaron los servicios de seguridad y vigilancia— con los proveedores.

Es más, ninguno de los comprobantes fiscales digitales emitidos por ambas empresas fue en favor de las personas que supuestamente fungieron como guardias de seguridad. Evidentemente, la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Seguridad Privada de esta dependencia del Gobierno estatal, no tenían idea o registro alguno de esos guardias privados.

De los 41 elementos supuestamente contratados para brindar apoyo y vigilancia, 29 fueron localizados, sólo 13 pudieron ser entrevistados y de ellos tres manifestaron haber prestado servicios, pero no se localizó el pago hecho por las empresas a estas personas.

La investigación, así como el estira y afloje duró seis años. Tiempo en el que se determinó que el PRI de Quintana Roo sí desvió ese dinero a través de este esquema delincuencial y fraudulento de empresas fantasma. Durante este lapso de tiempo, la investigación llegó al tricolor nacional —ya al mando de Alejandro Moreno— que simplemente se lavó las manos.

Me dicen que no es la primera vez que se encuentran con este tipo de prácticas a través de las cuales los partidos políticos desvían cantidades similares de dinero. No es exclusivo del PRI, todos lo hacen.

En el baúl. El próximo 2 de junio la elección presidencial será organizada por un INE más dividido que nunca. Un árbitro electoral fracturado en dos y hasta tres bandos. Consejeras y consejeros que, cada que tienen la oportunidad, se acusan de todo, hasta de no trabajar. Esperemos que este INE sui géneris no se refleje en la elección más importante y más grande en la historia del país.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!