La justicia ante el genocidio en Gaza

A los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Países Bajos, no les alcanzó su justicia para ordenar el cese inmediato de las operaciones militares en Gaza y tampoco para calificar de genocidio lo que le está sucediendo al pueblo palestino, cuya cifra de muertos rebasa los 26 mil, entre niños, mujeres y ancianos.

Su dictamen sobre Gaza fue aplicar medidas urgentes para Israel para evitar “un genocidio”, como si lo ya sucedido no lo fuera, y una mayor crisis en esa zona de Medio Oriente.

El máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas respondió a la acusación interpuesta por Sudáfrica en contra de Israel por el incumplimiento de la Convención para la Prevención de Genocidios.

El viernes pasado la CPI ordenó una serie de medidas provisionales que debe cumplir Israel y posteriormente realizar un informe para entregarlo en un mes, tras la lectura de la decisión tomada por los 17 jueces.

De acuerdo con los jueces ese país debe asegurarse que su ejército no cometa acciones genocidas. También debe castigar y prevenir cualquier comentario público que incite al genocidio y guardar las pruebas de actos genocidas durante las acciones militares en Gaza. Una de las exigencias más urgentes es que Israel permita el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas, donde la falta de alimentos, agua y medicamentos pone en riesgo a los sobrevivientes. Muchas de estas medidas se encuentran documentadas dentro del texto de la Convención para la Prevención de Genocidios.

Aunque ese tribunal no tiene los mecanismos necesarios para asegurarse que se cumplan sus órdenes en la sentencia preliminar, sí aumenta la presión internacional en contra del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Israel quería que la acusación por genocidio de Sudáfrica se desestimara, porque según sus dirigentes respetan todos los derechos internacionales y las leyes de la guerra; sin embrago, tras el fallo, la Corte no piensa lo mismo y pone bajo escrutinio las acciones militares dentro de la región.

Hay señales que dejan ver la importancia que los jueces le han dado a este histórico caso. Primero, la rapidez con la que se ha dado respuesta a la acusación que Sudáfrica presentó el 29 de diciembre del 2023, una solicitud inicial sobre presuntas violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En segundo lugar, la exigencia interpuesta por la Corte para que Israel aplique medidas para evitar actos genocidas y la petición de un reporte en un mes.

Y así lo dejó ver la presidenta de la Corte Penal Internacional, Joan E. Donoghue, quien aseguró que el “tribunal es muy consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, según informaron de agencias de prensa internacionales.

El máximo tribunal de justicia ya no puede cerrar los ojos ante la situación inhumana que se vive en Gaza y que las sociedades fuera de Medio Oriente se han encargado de criticar y manifestarse para pedir un alto a las hostilidades.

Al cierre de esta columna se contabilizan más de 26 mil muertes de civiles, en su mayoría de mujeres y niños, y que tres cuartas partes de la población en la Franja de Gaza han sufrido desplazamiento forzado. Esto debe parar ya.