30 años del IFE/INE y el exterminio de fondos y fideicomisos

Me refiero a dos temas de relevancia de los últimos días: el 30º aniversario de la creación del IFE, antecesor del actual INE, y la eliminación de un centenar de fondos y fideicomisos.

30 años de construcción de una institución de Estado. El 11 de octubre de 1990 surgió una nueva autoridad administrativa encargada de la organización de las elecciones federales, tras los fraudulentos comicios presidenciales de 1988. Distintas reformas, consensuadas por sucesivos liderazgos de los partidos políticos protagonistas de la transición democrática, fueron incrementando las facultades del árbitro electoral y consolidando su autonomía. Entre esas reformas destacan al menos dos: la que en 1996 le otorgó plena independencia política del Poder Ejecutivo, y la que en 2014 dio lugar al actual Instituto Nacional Electoral como rector no sólo de las elecciones federales, sino de todos los procesos electorales en el país (en un modelo híbrido con la concurrencia de autoridades locales).

Este aniversario toma al INE en una coyuntura compleja. Tiene frente a sí la preparación de las elecciones federales intermedias y un sinnúmero de elecciones locales concurrentes, lo que representará la renovación del personal político más grande en la historia del país, con dos grandes dificultades muy particulares: la primera, estar en medio de una pandemia sanitaria cuya mitigación y control nada más no tiene un horizonte cercano; la otra tiene que ver con que a lo largo de tres décadas de existencia, nunca antes el árbitro electoral —y particularmente algunos de los miembros de su órgano superior de dirección, el Consejo General— había experimentado tantos y tan arteros embates de parte del Gobierno en turno como los que ahora presenciamos, y que seguramente se intensificarán conforme avance el proceso electoral. Por el bien del país, es de la mayor relevancia que al INE le vaya bien y siga siendo una de las instituciones orgullo del Estado mexicano.

Transformación por exterminio. Como se sabe, en días pasados la aplanadora legislativa del nuevo partido oficial inició el proceso de desmantelamiento de un centenar de fondos y fideicomisos, lo que significa una afectación directa a programas y proyectos científicos, creadores de la industria cinematográfica y de la cultura en general, deportistas, defensores de derechos humanos y periodistas amenazados, por citar apenas un puñado del enorme abanico de perjudicados; y a eso súmense los millones de mexicanos que —con una afectación un poco más difusa, pero muy real— podrían requerir ser beneficiarios del fondo para la atención de desastres naturales. La verdadera pregunta es: ¿y por qué la sorpresa? Lo extraño es que no lo hubieran hecho antes. ¿Qué no era claro el camino que marcaron los recortes a los refugios para mujeres violentadas y a las estancias infantiles o el desmantelamiento del Seguro Popular? Hay dos constantes en el sello de la casa en cuanto a las prioridades de gasto desde que arrancó la administración: destruir, arrasar, acabar con toda institucionalidad previa —en vez de diagnosticar y reformar para corregir lo necesario— y que los recursos se enfoquen, principalmente, al gasto clientelar y a sus elefantes blancos, esos cada vez menos prioritarios y más absurdos “proyectos de infraestructura” lopezobradorista.