Josefina Vázquez Mota

Ningún agresor al poder

SIN MIEDO

Josefina Vázquez Mota*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Josefina Vázquez Mota
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Arrancamos la semana con una muy buena noticia: ningún agresor físico o sexual, así como ningún deudor alimentario podrá ocupar un cargo público, esto debido a que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la llamada Ley 3de3 contra la violencia.

Por lo que en el proceso electoral 2024, no más un violentador en el poder, ni en la toma de decisiones. Todo ello gracias a los colectivos de mujeres de la sociedad civil organizada que no dejaron de luchar por nuestros derechos y el de las niñas, niños y adolescentes.

La ley es muy clara: quien comete violencia sexual, familiar o doméstica, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, o sea deudor alimentario moroso, no tendrá derecho a ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.

De tal suerte que con esta ley se establecen nuevos requisitos de elegibilidad para quien aspire a la Presidencia de la República, a senador, diputado federal o estatal, gobernador, alcalde, presidente municipal o pertenezca a la juntas municipales.

Por fin los deudores alimentarios, los abusadores de mujeres y los violentos, no tendrán cabida en el servicio público, ni como representantes populares.

De acuerdo con datos de la Estadística de Divorcios, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualizados a 2021, la pensión alimenticia se le entregó a las hijas e hijos únicamente en 47.9 por ciento de los casos tras la separación.

Es preciso señalar que esta reforma no tiene dedicatoria ni es contra los hombres, es contra de los agresores de mujeres, porque el hecho de que los violentadores no lleguen a espacios públicos implica el avance en el respeto de los derechos de las mujeres.

Pero también es contra esos deudores alimentarios que violan el derecho a la alimentación que tienen sus hijas e hijos, y que en muchos casos se escudan en un cargo público para evadir sus responsabilidades.

El pago de la no pensión afecta a cerca de 45 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, quienes no tienen garantizado lo más básico, que es su alimentación.

La pensión alimenticia, por cierto, no se trata de una concesión, la pensión alimenticia es un derecho creado para garantizar justamente la integridad de niñas, niños y adolescentes y para poder salvaguardar este interés superior.

Sin duda alguna es un logro de los colectivos de mujeres y del feminismo, enhorabuena por ellas. Ningún agresor al poder. Porque como dicen Las Constituyentes: “La 3de3 contra la violencia no tiene siglas, ni dedicatoria, pero sí destinatario”.