Primera infancia invisible

En un reportaje realizado por la revista Proceso, defensores de derechos humanos de la primaria infancia refieren un desdén a este sector poblacional por parte de las autoridades, pues en lo que va del sexenio no hay estrategias, ni políticas, ni programas enfocados directamente a menores de 18 años.

Advierten que desde hace más de siete meses el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), se encuentra acéfalo, lo que demuestra un abandono institucional hacia la infancia.

El texto sostiene que el presupuesto para la niñez está más castigado, y que las autoridades federales no han asumido lo que marca la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), pese a que representan el 30% de la población nacional.

Señalan que ni siquiera los 39 millones de menores en situación de pobreza son parte de las prioridades, ni del discurso desde el Ejecutivo federal, pues no hay un programa específico para su atención.

Aranzazú Alonso Cuevas, coordinadora nacional del Pacto por la Primera Infancia, dice a Proceso que hay “una deuda histórica” con la primera infancia en México, pues “se está socavando” la salud presente y futura de los niños y niñas, su capacidad de aprendizaje, debido a un déficit presupuestal y la desaparición de programas sociales.

“Los costos de no invertir en la primera infancia los vamos a ir pagando a lo largo de generaciones, eso está comprobado científicamente”, palabras textuales de Aranzazú.

También está la voz de Mario Luis Fuentes Alcalá, consejero ciudadano del Sipinna, quien advierte que las instituciones públicas para atender a la infancia cada día se desvanecen como resultado de un presupuesto castigado; “considerar que el derecho del niño a recibir ayuda monetaria es la solución, no sólo es limitado, sino erróneo”, indica el académico.

Si partimos del principio de que las niñas y los niños no tienen partido sino son sujetos de derechos, entonces es claro que la destrucción del modelo de Estancias Infantiles, así como del Seguro Popular, han incrementado la vulnerabilidad y han atropellado el interés superior de millones de infantes.

Si a lo anterior agregamos la advertencia de que cerca de dos millones de niñas y niños se sumarán al trabajo infantil el proximo año, debido a la pérdida de empleos e ingresos de sus padres, y consideramos la orfandad de más de 100 mil niñas y niños por la pandemia del Covid, los desafíos son mayores y urgentes.

En muchas otras agendas ha prevalecido la polarización y el dogmatismo con terribles consecuencias, sin embargo, cuando hablamos de la niñez estamos hablando de la destrucción de una nación, porque las consecuencias serán fatales por varias generaciones.

Urge despolitizar la agenda de la niñez y darle la prioridad que merece, no sólo en los discursos, sino en la coordinación, el fortalecimiento institucional, políticas públicas y presupuestales, pues resulta criminal, por decir lo menos, que se pretenda gastar miles de millones en una consulta de revocación de mandato, mientras se reduce el presupuesto para la primera infancia.