¿“Mano negra” en narrativa sobre Cozumel?

En la contienda electoral de Quintana Roo, una trama de intrigas y operación mediática, en la que hay quienes ven la presumible incidencia de Alberto Capella, hoy próximo a la campaña de Xóchitl Gálvez, tendría por objeto ensombrecer la gestión de la actual presidenta municipal de Cozumel, la morenista Juanita Alonso. Lo anterior ha trascendido en la conversación política en la entidad este fin de semana, luego de que un reportaje de la revista Proceso cuestionara la seguridad en la isla —y tuviera ecos en la conferencia mañanera—. Sobre la actual administración municipal se ha advertido que heredó un estado de descomposición del empresario y exalcalde priísta, Pedro Joaquín Delbouis. Y en el propio entorno del ayuntamiento señalan la posibilidad de que en el intento de presentar una narrativa de inseguridad pudiera estar Capella, eventualmente actuando con cierto amparo de las campañas de Gálvez, candidata presidencial de la Alianza PAN-PRI-PRD a la presidencia y de la panista Lili Campos Miranda, quien busca la presidencia municipal de Solidaridad en Quintana Roo.

A lo anterior atribuyen la difusión de un falso video el pasado domingo, a través de WhatsApp, en el que un supuesto grupo de choque anuncia su llegada a Cozumel, Chetumal y la Ciudad de México. Esto, con el presumible objetivo de crear incertidumbre e influir en el actual proceso electoral, pues no es de obviarse que operadores mediáticos y políticos de la administración pasada se arrinconaron en Solidaridad y sueñan con volver, se ha dicho. Es sabido que Capella se desempeñó como secretario de seguridad en Quintana Roo. Esto fue durante la gestión del expriísta y actual miembro del PRD, Carlos Joaquín González. Y se ha dicho que entonces fue señalado como el principal responsable de la ola de violencia que desde entonces aquejaba a la entidad. Por ahí anda uno de los temas del debate político sobre la elección estos días.

Terrorismo Financiero

Hace unas semanas, una campaña terrorista que, desde el anonimato, un pequeño grupo de pusilánimes orquestó con el fin de afectar al sistema financiero mexicano, llevaron a Banco Azteca a presentar denuncias formales contra los autores de estos ataques, buscando que se haga justicia y se restablezca la integridad justamente del sistema financiero mexicano. Recientemente, una corte federal en el distrito norte de California, Estados Unidos, ha iniciado un proceso para identificar y perseguir legalmente a los responsables de estos actos. Banco Azteca confía plenamente en que, habiéndose tratado de acusaciones y calumnias sin fundamento alguno —considerados incluso como actos de terrorismo financiero en las leyes mexicanas—, las diversas plataformas de redes sociales basadas en Estados Unidos cooperarán diligente y expeditamente en este proceso.

Particularmente en la identificación y persecución legal de los responsables, pues Banco Azteca considera que estas acciones constituyen delitos evidentes y actos de terrorismo financiero, y confía en que se aplicará la ley con todo rigor. Además de buscar justicia en este caso específico, Banco Azteca reitera su compromiso con la certeza jurídica y la prosperidad inclusiva en México. Considera que estos principios son fundamentales para construir un país en el que todos los ciudadanos puedan confiar en el sistema financiero y en el cual la prosperidad sea accesible para todos.

Voz en Off

La International Chamber of Commerce México (ICC México) expresa su preocupación por la aprobación de la iniciativa de Reforma a la Ley de Amparo por parte del Poder Legislativo. Según la ICC México, esta reforma podría reducir significativamente la vigencia y eficacia de los derechos humanos frente a actos presuntamente arbitrarios de las autoridades. Además, consideran que la reforma viola instrumentos internacionales a los cuales México se ha adherido, como el Pacto de San José, que garantiza las “debidas garantías” judiciales. El llamado de la ICC México es hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, una vez que lleguen a su ámbito las acciones de inconstitucionalidad de esta reforma, vele por la seguridad jurídica de los mexicanos y del ecosistema económico-financiero del país, que según ellos se verá gravemente afectado por esta modificación a la ley.