Maduro contra la sociedad civil

Para cualquier régimen antidemocrático los ciudadanos organizados son un enemigo que debe ser combatido, limitado y, si es posible, eliminado, pues una sociedad civil organizada siempre podrá darle problemas a un gobierno que se niegue a ser revisado, cuestionado, evaluado o criticado.

La situación en Venezuela, en donde muchos pensarían que ya todo está hecho y dicho después de que el régimen autoritario de Maduro ha sobrevivido a prácticamente todos los embates que se han tratado de articular desde la oposición, ha dado una vuelta de tuerca más para tratar de asfixiar y controlar a las pocas organizaciones de la sociedad civil que sobreviven en Venezuela y que, con su trabajo, han ayudado a documentar y evidenciar muchas de las problemáticas y tragedias que el chavismo ha convertido en la normalidad venezolana. Recientemente, la dictadura de Nicolás Maduro ha publicado una serie de nuevas disposiciones que, bajo el discurso del combate a la delincuencia y el terrorismo, obligan a las organizaciones no gubernamentales a entregar al gobierno información confidencial sobre sus finanzas y, en particular, sobre los beneficiarios de sus trabajos.

Esta serie de acciones son peligrosas por doble vía: por un lado, pretenden hacer pasar a cualquier tipo de financiamiento internacional como una evidencia de la articulación de oscuros intereses extranjeros que sólo buscan desestabilizar al gobierno. Ésta es la estrategia más elemental del manual de la antidemocracia contemporánea. Por ejemplo, en una entrega anterior, titulada India contra la sociedad civil, señalé cómo el gobierno de Narendra Modi explotó en contra de organizaciones como Amnistía Internacional después de que documentaron excesos de su gobierno y abiertas violaciones de derechos humanos. Amparado en una ley diseñada para combatir el lavado de dinero y utilizando un discurso en el que señaló que las organizaciones de la sociedad civil financiadas con recursos internacionales formaban parte de un oscuro entramado de intereses intervencionistas, el gobierno logró obligar a la organización a salir del país. Bajo esa misma excusa, el gobierno indio ha cancelado las operaciones de otras 16,746 organizaciones, casi siempre vinculadas a trabajos para tratar de documentar, denunciar, señalar o investigar alguna de las tantas mutaciones perniciosas que el populismo ha provocado en la democracia india.

Por otro lado, obligar a las organizaciones a revelar a los “beneficiarios” de sus trabajos también es un riesgo, pues, al menos en el caso de las organizaciones que trabajan con víctimas de violaciones a derechos humanos, esto implicaría entregarle al gobierno los nombres de aquellas personas que se han atrevido a levantar la voz.

Todo esto se suma a una serie de discursos y acciones contra la sociedad civil, que van desde redadas, detenciones arbitrarias, acoso económico y político, que han comenzado a hacerse evidentes por parte del régimen de Maduro. Un grupo de más de 600 organizaciones ha levantado la voz, pues en el discurso y en la realidad han comenzado a ser consideradas casi como organizaciones terroristas, lo cual pone en peligro uno de los últimos diques contra la dictadura de Maduro. En Venezuela y en el mundo, los ataques a la sociedad civil siempre son evidencia del desprecio por la democracia.