Ancira vs. Scherer y Villarreal

El propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, estudia lanzar una denuncia por extorsión contra el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, por lo que su abogado Mauricio Flores (homónimo de quien esto escribe) considera tráfico de influencias para tomar el control accionario de Altos Hornos de México por parte de Grupo Villacero, empresa metalúrgica regiomontana de Julio César Villarreal que hace dos años presumió compraría la principal acerera de México.

La piedra angular de esa denuncia está contenida en el Acuerdo Reparatorio del Daño con Pemex, difundido en septiembre del año pasado por la FGR, en el que Ancira pagaría 216.7 millones de dólares supuestamente por el daño provocado por el “sobreprecio” con que vendió la planta de Agronitrogenados a Pemex cuando ésta era dirigida por Emilio Lozoya, sanción a la que se agregaba la ordenanza de vender las acciones de Altos Hornos de México a Villacero.

Ancira fue extraditado de España a México en febrero del 2021 y encarcelado; con el Acuerdo Reparatorio el empresario logró la libertad y huyó lo más pronto posible de México. En noviembre pagó los primeros 50 millones de dólares de dicho acuerdo… pero nunca se concertó la venta a Villarreal y un muy extraño grupo de inversionistas denominado Alianza Minerometalúrgica Internacional del que nunca se supo quienes eran socios. Al no hacer los pagos correspondientes —curiosamente también en septiembre pasado— y tras mucho fuego de artificio en algunos medios la operación se canceló.

Un evento crucial habría malogrado esa venta: que no se logró probar ni judicializar que Lozoya haya recibido más de 3 millones de dólares por parte de Ancira para la compra a precio inflado de Agronitrogenados. Actualmente Lozoya está encarcelado por su relación con los sobornos de Odebrecht más no por los atribuidos a Ancira.

En suma: AHMSA no cambió de manos; Ancira pagó al Gobierno mexicano una primera reparación por 50 millones de dólares… pero no se sabe si pagará los 166.7 millones restantes. Vaya, y si demanda con éxito a Scherer, desvirtuaría los cargos en su contra por el caso Agronitrogenados cuyos detalles fueron necesariamente conocidos por Andrés Manuel López Obrador.

Santa Lucía, sin Categoría 1. La semana que viene llega a México una delegación de la Federal Aviation Administration, de Steve Dickinson, para evaluar qué tanto ha logrado avanzar la Agencia Federal de Aviación Civil —en calidad de autoridad aeronáutica— para recuperar la Categoría 1 que perdió hace un año. El equipo de Carlos Rodríguez deberá mostrar que, efectivamente, se han efectuado los entrenamientos de personal, condiciones laborales, compra de equipo verificador y habilidades técnicas que fueron recomendadas en 2020 por la autoridad aeronáutica estadounidense, pero ignoradas olímpicamente. Pero por muy, muy asertivas que hayan sido las composturas dentro de AFAC, resulta improbable que para dentro de 20 días se haya logrado la Categoría 1 que Palacio Nacional hubiese querido estrenar en Santa Fantasía. Tal vez en verano. Ya veremos.

AICM, pistas para luego. Son un mal chiste los 681 millones de pesos presupuestados para conservación y mantenimiento para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante 2022. En 2017, durante la gestión de Alejandro Argudín, el aeropuerto capitalino ejerció 5,801 millones de pesos para mantener sus terminales en estado decoroso, como el arreglar drenajes, instalaciones eléctricas, pisos y mobiliario, así como para mantener en estado idóneo pistas, calles de carreto, torre de control e instalaciones prioritarias. Actualmente, empero, se desconoce cuando será que Carlos Morán ejecute el necesario plan de mantenimiento de las pistas…, a menos que el plan sea dejar morir al Benito Juárez para que viva Santa Fantasía.

Polvos de la Línea 12

Arturo Medina, Procurador Fiscal de la Federación tendrá que explicar a las familias de las víctimas de la Línea 12 del Metro, que acusaron de hostigamiento a Armando Ocampo, cuando era titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, CEAVI, pues para librarlo de tales acusaciones lo nombró Subprocurador de Amparos en la dependencia a su cargo. La lentitud y falta de transparencia en la atención a los afectados de la tragedia. El 20 por ciento de las víctimas aún no cuentan con un acuerdo reparatorio.