Ilegalidad en los Tianguis del Bienestar

En la tercera semana de septiembre se prevé que la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes reciba a un amplio número de representantes empresariales que durante meses han expuesto su profunda preocupación por la puesta en marcha de los llamados “Tianguis del Bienestar”, pues si bien conceden el beneficio de la duda sobre la intencionalidad del Gobierno federal para beneficiar a la población más pobre al ofrecerle a precios ínfimos las mercancías de contrabando o falsificadas que son incautadas, se legalicen productos que tienen un origen ilegal y generen mercados paralelos en los que vuelva a primar el crimen organizado.

Desde el pasado primero de julio el tema fue planteado por el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, José Abugaber, a Montiel Reyes, en seguimiento a las múltiples y angustiosas comunicaciones que se le enviaron a Andrés Manuel López Obrador así como a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por parte de diversas organizaciones fabriles, como la del vestido, textil, curtiduría y proveeduría, como la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato que preside Alfredo Padilla.

La secretaria del Bienestar se ha mostrado sensible a la preocupación de los empresarios (que no son ni machucones ni miembros de la mafia del poder), pues le queda claro que la mercancía apócrifa y contrabandeada va en contra de la generación de empleos formales (la única fuente duradera de combatir la pobreza) pues inhibe la inversión y la innovación, especialmente entre la Pymes.

De ahí la próxima reunión en la que los empresarios propondrán que, al tiempo de que se destruyan los productos confiscados, donarán parte de su producción a las familias más pobres lo que a su vez beneficia el tejido social y la unidad entre grupos sociales.

Además, ahora que está vista la calaña y poder de las bandas delictivas, los empresarios urgirán a evitar que dichas bandas compren a precios irrisorios los productos que les fueron incautados y luego los puedan revender sin pagar impuestos o seguir cualquier camino legal. De ahí su oposición a que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que lleva Ernesto Prieto, inicie licitación o venta de los productos almacenados en 300 bodegas rentadas por el gobierno.

O sea, la propuesta es retomar el camino de la legalidad y la concordia.

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