Un ministro contra la libertad

GENTE DETRÁS DEL DINERO

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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No se necesita ser un genio para saber de dónde se alentó al ministro Juan Luis González Alcántara para lanzar una ofensiva contra la libertad de expresión en un México donde los periodistas son objeto de denostación cotidiana, acosados y lamentablemente asesinados en número creciente; González Alcántara fue integrante del viejo sistema de censura de la Dirección de Radio y Televisión y Cinematografía durante el gobierno de José López Portillo, y su ánimo censor pretende ahora concretar una regresión de 50 años en la lucha de los derechos ciudadanos.

El ministro en cuestión, como es sabido, presentó un proyecto para resucitar los Lineamientos de Defensa de los Derechos de la Audiencia que contiene 4 herramientas que buscan acotar la libertad de expresión. Hay que recordar que tales Lineamientos fueron planteados en la Reforma de Telecomunicaciones (artículo 256) del gobierno de Enrique Peña, pero sólo lograron ser publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones hasta diciembre de 2018 pero, dado un amparo interpuesto contra ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó en abril de 2019 abrogar tales Lineamientos o hacer otros, tarea encargada al instituto entonces presidido por Gabriel Contreras.

El IFT dejó por la paz el tema. Pero ahora, aprovechando la inercia judicial, González Alcántara busca aprobar varios elementos de censura, como que los comunicadores de noticias, deportes y entretenimiento sean obligados a identificar información de opinión; que los códigos de ética de todas las estaciones y programas de radio y televisión sean avalados por el Estado; que cada programa tenga defensores de audiencia nombrados por sensores oficiales y que por cualquier violación se apliquen multas económicas y hasta la suspensión inmediata de las transmisiones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encabeza Ricardo Pérez Manrique, establece que un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información suele ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información. Por ello, el pleno de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión que encabeza José Antonio García, mantiene una firme oposición al conato de censura.

Los miembros de la SCJN, que encabeza Arturo Zaldívar, dirimirán el asunto. Ellos dirán si fue sólo un arrebato autoritario, o si la libertad de expresión debe morir.

Santa Lucía, procedimientos en las rodillas. A menos de un mes de su inauguración el aeródromo de Santa Lucía acopia errores de diseño de cartas de navegación que involucran al AICM, así como en protocolos para detección de obstáculos en tierra, dando origen a quejas por parte de las aerolíneas agrupadas en IATA, que aquí representa Peter Cerdá, y del Colegio de Pilotos Aviadores, que preside Heriberto Salazar. El pasado fin de semana un oportuno reportaje de Transponder1200 evidenció un obstáculo a 190 metros de elevación conforme a las cartas de navegación Jeppesen, la firma internacional de referencia que realiza tales mediciones; pero tan notable obstáculo no fue reportado en la Publicación de Información Aeronáutica (PIA) que distribuye entre pilotos y controladores el Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, de Víctor Hernández. Resultó que el obstáculo es una antena de CFE de 50 metros —sobre un montículo— que de inmediato la empresa a cargo de Manuel Bartlett ofreció reducir en tamaño.

¿Acaso la afamada NavBlue que lleva Fabrice Hamel no se dio cuenta de la antenita? Bueno, hay elevaciones a 8 mil pies sobre el nivel del mar que reducen la capacidad de operación de precisión (ILS) de la pista central de Santa Fantasía en condiciones ambientales complejas, que tampoco consideró Sneam.

Y para rematar, este lunes Jeppesen lanzó una alerta urgente para ser comunicada a todos los pilotos por la falta de información de navegación actualizada y correcta para la operación en el AICM —a cargo de Carlos Morán— que debieron ser publicadas el 18 de febrero y que entrarían en vigor el 24 de febrero. Tal información debería contener los datos para “hacer convivir” el AICM con Santa Lucía…, pero Seneam no las ha provisto para pilotos y aerolíneas. Así las prisas.