Sargazo amenaza viabilidad de Tren Maya

La obra de desarrollo más importante del actual gobierno está bajo amenaza ambiental: las oleadas continuas y crecientes de sargazo amenazan con destruir progresivamente el principal activo ambiental del Caribe mexicano y con ello minar el atractivo de la Riviera Maya y por tanto la demanda de pasajeros y carga del Tren a cargo de Rogelio Jiménez Pons, lo cual implicará reducir la rentabilidad social y económica de la infraestructura fondeada con recursos públicos.

Desafortunadamente, las acciones paliativas tomadas por el Gobierno federal, a través de la Semar, resultan insuficientes: el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez, reveló que mientras la dependencia informa que con sus barcos sargaceros recolectaron 500 toneladas en lo que va del año, los hoteleros levantaron de las playas una masa 10 veces mayor, 5 mil toneladas dada la deficiente labor de los equipos de recolección marina.

La ocupación hotelera en toda la zona ha rondado un promedio entre 63% y 65% en el mes de julio; un nivel sustancialmente mayor al 20% que reportó el año pasado cuando todavía las personas en general temían salir de vacaciones. Pero ahora que hay más visitantes, el color pardo del agua antes turquesa, las azufradas miasmas desincentivan a viajeros nacionales e internacionales: en el primer semestre del 2021 el número de viajeros a México (y principalmente con interés en visitar la Riviera Maya) provenientes de Canadá, Argentina y Europa se redujo 84% promedio respecto al primer semestre del 2019. Tan sólo de Canadá se perdieron 1.4 millones de turistas en ese plazo, expone el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac que dirige Francisco Madrid.

El problema ciertamente escapa a las capacidades del Gobierno mexicano, pues el origen del sargazo está en costas de Brasil y Venezuela; la abrumadora falta de cooperación regional impide acciones de fondo. Pero sí las medidas paliativas no son medianamente efectivas, el principal proyecto de Andrés Manuel López Obrador podría perder viabilidad.

Regresa MRO Sureste a Banobras. Pues que sí, el proyecto de Mantenimiento Reparación y Operación de 522 kilómetros autopistas en el sureste ha sido retomado por Banobras, que dirige Jorge Mendoza, para buscar una Asociación Público-Privada. Se recordará que la licitación para ejecutar esta obra se suspendió por presión de la administración de Julita Veites, directora de Caminos y Puentes Federales, tras asegurar que podría invertir 20 mil millones de pesos (a 10 años) para mantener una imaginaria “soberanía carretera”. Pero como Capufe no tiene lana, los urgentes trabajos los retoma el banco de desarrollo.

Yucatán, transparencia histórica. El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2021 de la agencia ARegional asignó al gobierno de Yucatán 97.2 puntos de un total de 100 puntos en transparencia presupuestal. Es la calificación más alta que la entidad ha logrado y que supera la media nacional de 77.89 puntos. Un reflejo, sin duda, de las acciones en rendición de cuentas y probidad ejecutadas por el gobierno de Mauricio Vila.

Mundo Ferroviario. Y la firma de servicios financieros TMSourcing que dirige Adolfo González lanzó el primer número de su revista digital Mundo Ferroviario, teniendo como padrino de primer click al director general de desarrollo ferroviario multimodal de la SCT, Manuel Gómez Parra, creando así una plataforma para que confluyan opiniones, proyectos, investigaciones y promotores de inversión en una industria que genera 21,500 millones de pesos anuales. Una industria que tiene como reto, aseguró Gómez Parra, alcanzar 40% de participación en el movimiento de carga y avanzar en desarrollar trenes de pasajeros de media y larga distancia.

INE precisa. Pues Lorenzo Córdova envía una precisión sobre lo aquí escrito, de que la eventual Consulta para Revocación de Mandato costaría 9 mil millones de pesos. El presidente del INE señala que el costo sería significativamente menor por tener naturaleza diferente a una elección federal; y que el Instituto configura su anteproyecto de presupuesto para 2022, que analiza los costos de esa eventual consulta, por lo cual consideran conveniente contar con una ley secundaria que a la fecha el Congreso no ha aprobado.